Requelme Paladines, F., Vera Zhuma, N.
Vol.12-N°1, Enero - Junio 2024
p-ISSN:2602-8204 |e-ISSN 2737-6257
titucional, como también prever el mayor retorno de la inversión
a menores costes tributarios y tiempo previsto (Salas, 2016). Por
otro lado Zuzunaga (2015), identifica a la minería un tema complejo
por su extracción y agotamiento, pero también por otro lado las al-
tas inversiones y gravamen tributario, se tiene en cuenta las etapas
principales mineras, por ejemplo, en la fase de exploración, que es
una fase de alto riesgo y alta inversión respecto de un yacimiento
que probablemente no exista, es decir de una inversión que proba-
blemente nunca reditúe si exploramos en zonas que tienen conce-
siones sin reservas. En el mismo sentido Acosta (2020), indica que,
en la etapa de explotación y los contratos mineros pueden llegar a
generar distorsiones importantes en la aplicabilidad de la normati-
va tributaria al estar expuesta a discreciones fuera de la norma en
temas de incentivos fiscales y a la compleja situación de control de
producción efectiva minera.
Cuando se habla de cocesionarios mineros, estos han sido téc-
nicamente calificados para el inicio de la explotación de los recursos.
Los Estados pueden empezar a realizar proyecciones no solo de los
recursos que se prevean exportar y de los ingresos que la venta de
los mismos representaría, sino también proyecciones en materia fis-
cal, esto es, programar posibles escenarios de recaudación tributaria
(Arce, 2016). Posterior, Camacho (2019), sustenta que los niveles de
exportaciones por la producción de minerales a gran escala, gene-
ran rentas económicas sustanciales, que en muchos casos corres-
ponden al principal rubro del PIB de cada país, se vuelve primordial
la existencia de administraciones que cumplan con su tarea de ges-
tionar los ingresos de manera prudente y equilibrada, evitando el
riesgo que tienden a agravar otros desequilibrios socioeconómicos
entre jurisdicciones de un mismo país, lo cual pone sobre relieve
la importancia que tienen la asignación de potestades tributarias y
responsabilidades de gasto en los países con mayor grado de des-
centralización fiscal.
Las rentas generadas por recursos naturales no renovables pre-
sentan una crucial contribución en el destacado desempeño macro-
económico de América Latina durante la última década, el manejo
fiscal de los recursos naturales no renovables se ha vuelto un tema
de especial interés para la mayoría de los países de la región, así
como para algunos países del Caribe, tanto para aquellos, con cono-
cida tradición productora/exportadora como para los que muestran
una actividad incipiente en este rubro con cierta posibilidad de desa-
rrollo futuro, destacándose en este último grupo a Ecuador (Gómez,
2015). Por otra parte, Mensah et al. (2017) mencionan que las in-
dustrias extractivas son únicas en muchos sentidos: el sector está
conformado por altos costos irrecuperables en forma de inversio-
nes sustanciales que no pueden recuperarse si un proyecto no tiene
éxito; plazos de entrega prolongados desde la inversión inicial has-
ta la puesta en marcha del proyecto y vidas muy largas de produc-
ción/proyecto; costos fluctuantes y precios de materias primas que
a su vez influyen en la rentabilidad de la exploración, el desarrollo
y la extracción; demanda volátil; e impactos ambientales, incluidas,
en última instancia, las responsabilidades de "desmantelamiento.o
recuperación. Las industrias extractivas suelen estar ubicadas en
áreas remotas, a gran distancia de sus eventuales mercados (Pala-
cios, 2020). Al mismo tiempo, las empresas activas en las industrias
extractivas tienen el potencial de obtener ganancias sustanciales
por encima del rendimiento de la inversión requerido para inducir
su aceptación de los riesgos que asumen es decir, ganancias inespe-
radas o extraordinarias (Gómez, 2015).
En este contexto las inversiones en industrias extractivas mi-
neras contribuyen a movilizar recursos internos para el desarrollo,
convirtiéndose cada vez más en un sector que cobra una importan-
cia relevante para muchos países en desarrollo y economías emer-
gentes. La inversión directa que generan dichas industrias no solo
contribuye de manera significativa a la expansión de la economía,
sino que también proporciona una base de ingresos más amplia y
potencialmente importante para el desarrollo económico adicional
que los países desean lograr (Escalona, 2020). Por ello, Ralbovsky
(2012), indica que, dada la gran inversión de capital requerida pa-
ra desarrollar y producir recursos naturales, y el hecho de que la
producción también está físicamente presente en el país de origen,
a menudo con precios de referencia del mercado mundial disponi-
bles, el riesgo de que las autoridades fiscales no puedan validar el
valor de venta del total de producción neto (minero) puede ser alto
al de otras empresas no basadas en materias primas.
Por lo tanto, Yagual (2021), puntualiza que las técnicas de ero-
sión de la base imponible y transferencia de beneficios pueden dife-
rir en comparación con otros sectores, sin embargo, dados los gran-
des valores de producción asociado y los costos de desarrollo, existe
una preocupación creciente sobre la erosión de la base impositiva
del país de origen a través de estrategias agresivas de planificación
fiscal y, por lo tanto, los procedimientos y prácticas de diseño y ad-
ministración del régimen fiscal deben abordar adecuadamente estos
problemas.
En este ámbito, el Estado ecuatoriano ha concesionado dos ya-
cimientos mineros para la explotación de recursos minerales a gran
escala, a saber: Fruta de Norte para la explotación de oro y Mirador
para la explotación de cobre, ambos concesionarios se encuentran
ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe. En la Figura 1, se
encuentra un mapa en el que se ubica los concesionarios mineros
citados.
Al dar un impulso importante de la venta de hidrocarburos a la
comercialización de minerales metálicos, con la expectativa crecien-
te de ingresos estratégicos para el país, se espera que Ecuador se
sume a países como Chile en donde ya se ha creado una empresa
que permite manejar los minerales por cuenta del gobierno nacional,
esta empresa llamada Corporación Nacional del Cobre (CODELCO)
permite al estado Chileno administrar los minerales que se exportan
sin necesidad de colaboración de la empresa privada, por ello, y da-
da la experiencia del caso chileno, se espera que el desarrollo minero
ambiental y responsable en Ecuador, tenga los resultado esperados,
en el que converjan políticas sustentable y sostenibles junto con la
normativa o reglas del juego dadas para el efecto (Arellano, 2012).
Así, Vallejo et al. (2015) manifiesta que en los últimos años, la
industria minera ha ganado una importancia significativa en la eco-
nomía de muchos países en desarrollo, incluido Ecuador, la extrac-
ción de recursos naturales como oro, cobre, plata y zinc se ha con-
vertido en una fuente importante de ingresos para el país. Sin em-
bargo, también ha generado preocupaciones en torno a su impacto
en el medio ambiente y la sociedad. Según Durán (2018), la mine-
ría a gran escala puede tener consecuencias negativas en la salud de
las personas y en el ecosistema local. Además, el autor señala que el
sector minero a menudo está vinculado a conflictos sociales, espe-
cialmente en áreas donde las comunidades locales tienen derechos
sobre la tierra.
Según Ortiz (2017), la industria minera puede tener un efecto
multiplicador en la economía, ya que puede crear empleo y promo-
ver la inversión en infraestructura y servicios públicos. Además, el
autor señala que los impuestos y las regalías pagadas por las empre-
sas mineras pueden ser una fuente importante de financiamiento
para el presupuesto del gobierno. Sin embargo, la relación entre la
minería a gran escala y la recaudación tributaria no siempre es cla-
ra y directa. Como también Rentería (2019), indica que, en algunos
casos, las empresas mineras pueden utilizar estrategias para mini-
mizar sus obligaciones fiscales, como la transferencia de precios y
la evasión de impuestos. Además, el autor señala que la falta de
transparencia y la corrupción pueden afectar negativamente la re-
caudación tributaria. Por lo tanto, es importante que los gobiernos
desarrollen políticas fiscales efectivas y transparentes para garanti-
zar que la industria minera contribuya adecuadamente al bienestar
económico y social del país.
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