La utopía de la eficiencia pública en Ecuador: Un análisis institucional.
Vol.11-N°2, Enero - Junio 2024
p-ISSN:2602-8204 |e-ISSN 2737-6257
gran carencia literaria sobre todo en este tipo de estudios. Adi-
cional a esto, tampoco son abundantes las investigaciones que in-
corporan el análisis de la eficacia en la evaluación del desempeño del
sector público, no obstante, algunos estudios son dignos de enun-
ciar.
Es así como, Prats (1984) expresa que históricamente la efi-
ciencia no ha sido un principio fundamental de las administraciones
públicas, tampoco han utilizado la teoría para conocer, estudiar y ex-
plicar la propia administración ni en la práctica dentro de las adminis-
traciones de las instituciones públicas. Dado este contexto es muy
probable que esta situación se mantenga en la perpetuidad. Ade-
más, señala que existe ciertos aspectos a considerar a la hora de
buscar eficiencia pública, concretamente técnicas, las mismas que
aunque han sido aplicadas por economías de ámbito anglosajón, no
han sido realizadas de forma correcta, £por qué? porque los años
cincuenta forman parte de lo que ahora se llaman los felices veinte
años de expansión económica ininterrumpida, y claro está, la teoría
macroeconómica nos dice que cuando hay un generoso crecimien-
to económico, el PIB da la pauta necesaria para poder corregir todo
lo que sea y no sea necesario ya que existe un margen económi-
co como para incrementar las prestaciones de la administración a
los ciudadanos, y así mismo asumir los costos de ineficiencia de las
instituciones públicas.
Pues bien, estos años de auge económico ya dieron sus últimos
frutos y en su lugar han dado paso a la crisis económica, además de
esto, la necesidad de contar con un nivel de eficiencia estructural en
todo el sistema público cada vez es más solicitado por el consumi-
dor y la sociedad. Es precisamente esto último a lo que apunta Prats
(1984) al afirmar que únicamente cuando el esquema institucional
público es percibido como suficientemente eficiente por parte de
sus ciudadanos, los territorios pueden consolidarse como democra-
cias. Sin embargo, en la hipótesis que no se logre alcanzar este ob-
jetivo, el sector público se verá obligado a reducir el nivel de las
prestaciones en bienes y servicios y peor aún se convertiría en una
administración de autoridad y de impuesto, lo que desembocaría en
una pérdida de legitimidad y al perderla no se consolidará suficiente-
mente el propio proceso democrático, porque una democracia sólo
se encuentra plenamente consolidada cuando la base del deber del
Estado, las instituciones, evidencian legalidad y justicia.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL,2000) expresa que, si las administraciones pú-
blicas no van siendo progresivamente eficientes y si los ciudadanos
ven que se está dejando de lado el principio de bienestar público
para el cual fueron creadas, se iniciaría un conjunto de dudas y cons-
tantes llamados de atención, pues, se estaría atentando a la transpa-
rencia institucional y bienestar social. Además de esto, que la única
alternativa para verificar el logro de esta eficiencia, es mediante una
constante evaluación al papel que desempeñe el Gobierno, es decir,
que el sector público pueda entender y alcanzar todos los objetivos
propuestos por éste, pero con la particularidad de una casi nula par-
ticipación en el mercado, con carga impositiva baja, y con la menor
absorción posible de recursos económicos, y por supuesto en ca-
da uno de estos procesos debe imperar la transparencia de acción.
El factor clave en este escenario es la capacidad del Gobierno para
que sus ideales puedan ser trasladados y conceptualizados por to-
dos sus niveles de gobierno y de administración, con esto, se puede
verificar una gestión y accionar eficiente.
Por su parte Tanzi (2000), manifiesta que la eficiencia en el sis-
tema público es trascendental debido a que las sociedades se vuel-
ven más complejas y los grupos que las integran se hacen más gran-
des y menos homogéneos, por lo tanto, el Gobierno debe ir asu-
miendo nuevas responsabilidades si desea promover plenamente el
bienestar de los individuos que las componen. Por ejemplo, los mer-
cados no resultan eficientes cuando los distorsionan los monopolios
o cuando la información esencial no está al alcance de los participan-
tes, o resulta demasiado onerosa para que puedan acceder a ella. Se
plantea entonces la necesidad de que el Gobierno eficientemente
regule los mercados y proporcione un mínimo de información esen-
cial a la población. Por lo tanto, esta afirmación deja claro lo que
representa la calidad del sector público “alcanzar sus objetivos en
la forma más eficiente posible”, aunque muchas economías consi-
deran que calidad y eficiencia son dos objetivos muy ambiciosos y
casi utópicos de lograr conjuntamente, además, la calidad del sec-
tor público no coincide necesariamente con la calidad de la política
económica, de la cual ya conocemos su importancia.
Sin embargo, García (2007) tiene una postura clara sobre la efi-
ciencia y dado su postura, lo expuesto por Tanzi (2000) seria com-
plicado de que se cumpla, ya que para este autor es necesario con-
tar con una nueva idea de sector público eficiente, el cual implica
reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la burocracia,
adopción de procesos más racionales, una mayor autonomía en la
gestión, y sobre todo coherencia social y económica. Además, el
mismo Tanzi es realista y consciente de que el proceso de cambio y
estructuración no tendrán sentido ni validez sin la implementación
de un sistema de control que permita contrastar la bondad de la
intervención pública.
En contraste a lo que plantea García (2007), sobre la necesidad
de un nuevo sector público, Franss (1996) considera que el actual
sistema de actuación pública es adecuado porque se mueve en un
nuevo escenario con dos diseños básicos de coordinación: en el pri-
mero indica que se reduce las diferencias respecto al sector privado
en términos de personal, sistemas de remuneración y métodos de
gestión; y en el segundo da a conocer que existe una disminución
del volumen de reglas y procedimientos que articulan la actuación
de gestión de los departamentos, sujetos a reglas uniformes para
contratar e incurrir en costes.
Para McTavish y Pyper (2007), los motores básicos que permi-
ten que el proceso de cambio del sector público sea una realidad,
radica en explicar que pretende hacer el gobierno para servir los
intereses generales, incorporar a los ciudadanos como input en el
proceso público de decisión; y, por último, la necesidad de que el
sector público defienda su reputación, mostrando el grado de efi-
ciencia alcanzado en el proceso. Sin embargo, aunque “curiosamen-
te” estos tres factores son los principios básicos y generales que ya
están implícitos en el accionar de Gobierno y de las instituciones pú-
blicas desde sus inicios, no hay nada novedoso ni innovador en este
argumento, los que denota que con el tiempo las instituciones jun-
tamente con su entidad superior, Gobierno, han perdido su visión y
su razón de ser.
Finalmente, Tanzi (2000), enfatiza la importancia y necesidad
de incorporar adecuadamente eficiencia en el accionar de las ins-
tituciones, especialmente a la hora de utilizar los recursos y de no
producir distorsiones en el mercado, logrando conseguir un mayor
bienestar no sólo a nivel institucional sino con la sociedad.
2.2 |Evidencia empírica
A continuación, se detallan algunos estudios enmarcados en la
determinación de la eficiencia pública a través de la técnica Análisis
Envolvente de Datos (DEA, por sus siglas en inglés), evidencian la di-
versidad de ámbitos en las que se aplicó dicha técnica, demostrando
que el análisis es trasversal, útil y eficaz.
Se inicia con la investigación de Bustos y Estupiñan (2019) “Efi-
ciencia técnica de las instituciones públicas locales en Colombia”
quienes utilizaron un modelo teórico recursivo basado en la siner-
gia cognitiva medida por cinco dimensiones (económica, judicial, ci-
vil conflictiva, geográfica y urbana) como restricciones para permi-
tir mejores resultados sobre la calidad institucional, la investigación
muestra un vínculo entre el entorno económico, social y político con
la eficiencia pública en los gobiernos locales. Los impactos so
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