Revista Económica
DOI: 10.54753/rve.v12i2.2200
Vol.12-N°2, Julio - Diciembre 2024
p-ISSN:2602-8204 |e-ISSN 2737-6257
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
El reciclaje como política pública de desarrollo local: Caso de estu-
dio del uso del aceite domiciliario en el Cantón Loja
Recycling as a public policy for local development: Case study of the use of hou-
sehold oil in the Canton of Loja
Josselin Aponte-Jumbo ID 1|Mario Contreras-Jaramillo ID 1
1Departamento de Economía de la Universidad
Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador
Correspondencia
Josselin Aponte-Jumbo, Departamento de
Economía, Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, Ecuador.
Email: jdaponte@utpl.edu.ec
Fecha de recepción
Enero 2024
Fecha de aceptación
Junio 2024
RESUMEN
El presente estudio destaca la importancia de abordar la problemática del aceite usado, dada la
contaminación ambiental y efectos adversos que genera en la salud. Por lo tanto, se propone una
política pública que incentive al reciclaje del Aceite Vegetal Usado (AVU) en la ciudad de Loja, para
reducir la contaminación y posicionarla como líder en el manejo responsable de residuos líquidos.
se presenta la propuesta de política pública, la cual se divide en tres etapas: la primera se basa en
educación ambiental, la segunda en la red de puntos de recolección del aceite domiciliario usado
y la tercera en la reutilización y transformación.
Palabras clave: Políticas Públicas; Reciclaje; Aceite de Cocina Usado; Hogares.
Códigos JEL: G38. H51. H75. H83. I18. I38.
ABSTRACT
The present study highlights the importance of addressing the problem of used cooking oil, given
the environmental pollution and adverse effects that it generates on health. Therefore, a public
policy is proposed that encourages the recycling of Used Vegetable Oil (AVU) in the city of Loja,
to reduce pollution and position it as a leader in the responsible management of liquid waste.
The public policy proposal is presented, which is divided into three stages: the first is based on
environmental education, the second on the network of collection points for used household oil
and the third on reuse and transformation.
Keywords: Public Policies; Recycling; Used Cooking Oil; Homes.
JEL codes: G38. H51. H75. H83. I18. I38.
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1|INTRODUCCIÓN
El aumento del nivel de vida ha llevado consigo un incremento
en la cantidad de residuos generados en los hogares. Estos desechos
tienen un impacto negativo en el ambiente, la flora y fauna, así co-
mo en la salud humana. Hecho que genera problemas ambientales,
tales como la emisión de gases de efecto invernadero, la contamina-
ción del suelo y del agua, entre otros (Banoy, 2023).
Entre los residuos que generan los hogares se encuentran el
Aceite Vegetal Usado (AVU), el cual es un residuo no comestible y
se presenta como resultado del procesamiento de alimentos en los
hogares. Su incorrecta disposición puede llegar a contaminar apro-
ximadamente 1.000 litros de agua, por cada litro de aceite reciclado
incorrectamente (Sánchez, 2021).
Posiblemente gran parte de población no tenga conocimiento
de estos daños o no le da suficiente importancia, ya que no les afec-
ta de manera directa, pero provoca varios problemas, como atasca-
mientos en las alcantarillas, tuberías, generando sobrecostes en las
estaciones depuradoras de aguas residuales, entre otros.
Cabe recalcar que, la generación de AVU representa aproxima-
damente entre el 20 % y el 32 % del consumo total de aceites vege-
tales. Además, en los países desarrollados, la tasa anual per cápita
de consumo de estas grasas supera los 50 kg, mientras que en los
países menos desarrollados se acerca a los 20 kg (Thushari y Babel,
2022).
Existen varios países que ha logrado implementar el reciclaje
de este residuo, a largo plazo, de modo que han ayudado a disminuir
la contaminación y al crecimiento de la economía circular, teniendo
como modelo principal a Suiza y a Los Países Bajos, que alrededor
del 80 % de los residuos que generan son reciclados (Montes, 2019).
Sin embargo, en Ecuador se vive una realidad diferente, en don-
de solamente el 4 % de desechos son reciclados, un hecho lamenta-
ble que se refleja por los bajos niveles de efectividad que han tenido
las políticas públicas que se ha aplicado con diversos programas, así
como el limitado enfoque en el reciclaje de residuos líquidos.
A nivel local, Loja presenta el mismo problema que se experi-
menta a nivel nacional: la falta de importancia en el manejo y gestión
del aceite vegetal usado (AVU).
La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de
implementar políticas públicas efectivas que aborden la problemáti-
ca del reciclaje de residuos líquidos (aceite usado domiciliario), en la
ciudad de Loja. Las políticas públicas representan una herramienta
concreta para transformar y desarrollar una localidad, y su aplica-
ción adecuada puede generar beneficios económicos, ambientales
y sociales significativos.
Bajo este contexto, el presente trabajo investigativo se centra-
en realizar un estudio en las parroquias urbanas del cantón Loja,
sobre la disposición del aceite vegetal usado.
Mediante ello, se busca encontrar soluciones innovadoras y
sostenibles que permitan minimizar los impactos negativos genera-
dos por la incorrecta disposición final del aceite vegetal. Pues per-
siste la falta de atención y conciencia sobre el reciclaje de estos re-
siduos.
Por lo tanto, el objetivo es proponer una política pública que
incentive el reciclaje de residuos líquidos en la ciudad de Loja. Para
lograrlo, se examina las políticas públicas implementadas a nivel na-
cional y local en relación con el reciclaje de residuos, se analiza el
comportamiento y la percepción de la población sobre una posible
política de reciclaje de aceite vegetal, y se evidencia las variables
condicionales al proceso de reciclaje de la comunidad lojana.
2|REVISIÓN LITERARIA Y CON-
TEXTUAL
2.1 |Conceptualización y caracterización
de las políticas públicas
La conceptualización de políticas públicas se ha venido desa-
rrollando desde tiempos arcaicos. No obstante, en la época de la
Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Esta-
dos Unidos empezó arrojando luz a esta ciencia, como una solución
que ayudaría a resolver los problemas a los cuales se estaban en-
frentado (Carmona y Arriaga, 2009).
Lasswell (1951), quien siempre mostró interés por la relación
entre el conocimiento, la formulación de políticas y el poder, afir-
mando que las políticas públicas son estrategias diseñadas para en-
frentar los problemas públicos, constituyéndose en dos dimensio-
nes: el estudio de las múltiples causas presentes en los procesos de
toma de decisiones, y la búsqueda del conocimiento necesario para
identificar la mejor opción con el fin de lograr soluciones. Mientras
tanto, Lowi (1954) amplía la perspectiva de las políticas públicas más
allá del ámbito jurídico y administrativo, enfocándose en las luchas
por el poder político.
Por otro lado, Lahera (2004) sostenía que las políticas públicas
son aquellas acciones y flujos de información que se vinculan con un
fin social, el cual se establece de manera democrática; los que son
desarrollados principalmente por el sector público, y con frecuencia,
se involucra tanto a la comunidad como al sector privado en su desa-
rrollo. No obstante, en muchos casos, esta coordinación entre dife-
rentes sectores no se cumple, debido a que la creación de políticas
públicas suele estar influenciada por beneficios particulares del sec-
tor privado. En su contexto general, las políticas públicas se originan
a partir de la interacción de diversas disciplinas científicas y como
una respuesta a la necesidad de tomar decisiones gubernamentales
más efectivas. Estas políticas buscan abordar los desafíos dinámicos
de los asuntos públicos actuales, donde los ciudadanos participan
activamente y existe una clara y precisa rendición de cuentas por
parte de las instituciones y autoridades (Contreras, 2008).
Las políticas públicas se pueden clasificar por diferentes tipos
según unos parámetros o criterios, que se presentan en este apar-
tado contextualizado por Flores (2015).
a. Las Políticas Regulativas. Acción pública que consiste
en promulgar normas que inciden en el comportamien-
to de los ciudadanos en general.
b. Políticas Redistributivas. Esta política es de carácter
parlamentario donde las iniciativas redistributivas, co-
mo lo son la legislación laboral de seguridad social, sa-
lud, política fiscal, entre otras, provienen fundamental-
mente del poder ejecutivo.
c. Políticas Distributivas. Medida de poder público, me-
diante la que concede una autorización especial a ca-
sos particulares, individualizados y especialmente de-
signados, estos casos cumplen ciertas condiciones y
gozan de beneficios.
2.2 |Ciclo de las políticas públicas
Según Arnoletto (2014), el proceso de elaboración en el ciclo
de políticas públicas comprende la identificación y creación de pro-
blemas o necesidades sociales existentes o potenciales a través del
análisis y la identificación de alternativas. Para seguir el procedi-
miento de la creación de las políticas públicas, se presentan el pro-
ceso que plantea el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el cual se detalla a continuación:
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Tabla 1. Fases para la creación de una política pública
Fases Entradas
1. Identificar temáticas potenciales para formular una política pública. -Agenda de políticas.
2. Identificar las partes interesadas de la necesidad o problemática. -Necesidades de política pública o programa.
3. Convocar mesas de trabajo o conversatorios con partes -Identificación de partes interesadas asociadas
interesadas. a la necesidad de política pública.
4. Recolectar la información y estructurar el problema. -Necesidades de política pública o programa.
5. Definir las metas y objetivos. -Estructuración del problema.
6. Construcción de la opción de política pública o programa. -Proyección de política pública o programa.
7. Organizar espacios de trabajo de concertación. -Estrategia de espacios de concertación.
8. Construir una versión concertada de la política pública -Observaciones de actores y/o beneficiarios.
Notas: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación (2022)
2.3 |Políticas públicas ambientales
Son el resultado de una tendencia innovadora de reformas ins-
titucionales, y se enmarcan en la nueva ’Estrategia Ambiental’ que
impulsa una agenda orientada hacia una política ambiental soste-
nible para fomentar el crecimiento y la equidad. En este contexto,
se ha adoptado la gobernanza ambiental como un enfoque que en-
globa políticas, instituciones, procesos, mecanismos, herramientas e
información que capacitan a los países, gobiernos, sectores público
y privado, y otros grupos para abordar conflictos, buscar consensos,
tomar decisiones informadas e implementar las acciones necesarias
para gestionar de manera efectiva el capital natural (Kessler et al.,
2001).
De este modo, en Ecuador el Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible define a las políticas ambientales como lineamien-
tos o directrices que se emiten frente a la planificación, protección,
prevención y control de los recursos naturales con motivo de intere-
ses, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos económicos y so-
ciales. MADS, 2022). A continuación, se presenta las etapas que se
debe adoptar para la creación de una política pública ambiental:
Figura 1. Etapas para la construcción de políticas públicas ambientales
Según Mogollón (2012), para lograr una implementación eficaz
de una política ambiental, resulta esencial contar con un marco re-
gulatorio claro y preciso, que sea ampliamente reconocido a nivel
nacional y ejecutado de manera sectorial por la institución encarga-
da. En un análisis de diferentes instrumentos, se señala la existencia
de:
a. Instrumentos jurídicos. Normas y disposiciones legales
tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.
b. Instrumentos administrativos. Evaluaciones de impacto
ambiental, auditorías ambientales, autorizaciones y re-
gulaciones.
c. Instrumentos cnicos. Aplicación de tecnologías más
limpias y mejores prácticas.
d. Instrumentos económicos y fiscales. Subvenciones, im-
puestos, tarifas y tasas para compensar costes nega-
tivos o positivos.
e. Instrumentos sociales. Participación ciudadana, educa-
ción ambiental y acceso a la información.
La relación de la política ambiental con otras áreas de la política
requiere una estrecha coordinación interinstitucional para evitar su-
perposiciones de decisiones y enfoques divergentes. Esto garantiza
una coherencia de acciones en la política nacional de cada gobierno.
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Según Rodríguez y Espinoza, (2002) hay dos categorías de po-
líticas ambientales: explícitas e implícitas. Las políticas ambientales
explícitas y se establecen de manera formal y están específicamente
diseñadas para abordar cuestiones ambientales. Su objetivo princi-
pal es proteger y preservar el medio ambiente a través de medidas
como la conservación de recursos naturales, la reducción de la con-
taminación y el fomento de prácticas sostenibles. Por otro lado, las
políticas ambientales implícitas son aquellas que no están diseñadas
específicamente para abordar cuestiones ambientales, pero tienen
un impacto indirecto en el ambiente. Estas políticas pueden surgir
de decisiones políticas, económicas o sociales que afectan la inter-
acción entre la sociedad y el entorno natural.
Ambas categorías de políticas ambientales son importantes
para la gestión efectiva de los recursos naturales y la protección
del ambiente. Las explícitas proporcionan un marco específico para
abordar los problemas ambientales, mientras que las implícitas ayu-
dan a asegurar que las consideraciones ambientales sean tenidas en
cuenta en diversas áreas de la toma de decisiones.
2.4 |Las políticas públicas y el gobierno lo-
cal o regional
Los gobiernos locales y regionales tienen como objetivo co-
mún trabajar por el bienestar y garantizar el desarrollo sistemático
de la sociedad. Además, al ser recaudadores de tributos, tienen la
responsabilidad de redistribuir sus recursos económicos en la comu-
nidad para garantizar la seguridad colectiva; con ello, para cumplir
con sus funciones como administradores públicos del territorio, utili-
zan la implementación de políticas públicas. Según Binetti y Carrillo
(2004), gobiernos locales o regionales en términos de política públi-
ca deben:
Garantizar la adaptabilidad de las políticas en respuesta a cam-
bios en las circunstancias.
Avalar coherencia entre diversos ámbitos de políticas públicas
para asegurar que las nuevas políticas sean consistentes con
las existentes.
Mediante una coordinación efectiva entre diversos actores in-
volucrados en un mismo ámbito, las políticas públicas se pue-
den implementar como programas de acción que traduzcan las
decisiones colectivas y los medios utilizados por el gobierno
local o regional para cambiar comportamientos a través de la
modificación de las reglas del juego.
Con lo antes mencionado, las políticas públicas establecen una
conexión directa entre los gobiernos locales y regionales, en colabo-
ración con diversos actores sociales, con el objetivo de promover el
desarrollo y la transformación de la sociedad al influir en los com-
portamientos de esta.
2.5 |Manejo del reciclaje y el Aceite Vege-
tal Usado
De acuerdo con Berenguer et al. (2006), el reciclaje implica uti-
lizar materiales para la producción de nuevos productos, lo que re-
sulta una reducción significativa en el uso de materias primas. Al
reincorporar recursos previamente utilizados en los procesos de fa-
bricación, se contribuye a la conservación de los recursos naturales,
al tiempo que se ahorra energía, tiempo y agua que de otro modo se
requerirían para producir esos materiales a partir de nuevas mate-
rias primas. Además, la Norma de Calidad Ambiental en relación con
el reciclaje establece que se trata de la operación de separar y cla-
sificar de manera selectiva los residuos para su posterior utilización
adecuada. De este modo, en un contexto general el término reci-
claje"se refiere al proceso mediante el cual los residuos clasificados
experimentan una transformación para ser reutilizados.
El manejo de residuos líquidos implica la supervisión y control
del tratamiento de estos desechos por parte de empresas autoriza-
das. No hay una serie de pasos específicos para el control y trata-
miento de estos residuos, lo que permite que cada empresa los abor-
de según sus capacidades y necesidades. Así mismo, para garantizar
una separación adecuada de los residuos líquidos, es necesario ase-
gurarse de que los sistemas de recolección de aguas residuales sean
independientes y separe las aguas grises de las negras. Por otra par-
te, los métodos de tratamiento y gestión de residuos, como las fosas
sépticas, deben ser autónomos y contar con cámaras de inspección
correspondientes. Estos residuos siempre deben recibir tratamiento
una vez que excedan los límites establecidos por las normas de emi-
sión correspondientes. Existen diversos métodos de tratamiento y
sistemas de gestión disponibles, y la elección de uno u otro depen-
derá de las características específicas, la disponibilidad de espacio y
los costos asociados a cada tipo de residuo (Ecoembes, 2022).
El aceite vegetal doméstico es un producto industrial destina-
do al consumo humano que ha experimentado un notable aumento
y expansión en el mercado de Ecuador en los últimos años. Este cre-
cimiento se debe a diversos factores sociales que han impulsado su
desarrollo. La elaboración del aceite se realiza a partir del procesa-
miento de varias semillas y partes específicas de plantas. Principal-
mente, se obtiene a través de fuentes de energía utilizadas para freír
diferentes alimentos (Moreno y Lozano, 2016).
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) define el acei-
te vegetal como una sustancia compuesta por glicéridos de ácidos
grasos, que pueden contener cantidades reducidas de otros lípidos,
como fosfatados de componentes insaponificables y ácidos grasos
libres presentes de forma natural en grasas o aceites. Las grasas son
sustancias en estado sólido o semisólido cuando se encuentran a
temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos en esa
misma condición. Con ello, Los aceites de residuos vegetales usados
pueden considerarse una fuente de energía renovable y, si se mane-
jan adecuadamente, pueden contribuir a la conservación del medio
ambiente.
En Ecuador, el aceite doméstico de desecho se considera un re-
siduo especial y está clasificado en el Listado Nacional de Desechos
Peligrosos y Especiales. Por lo tanto, los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados requieren una gestión integral mediante la creación de
ordenanzas que obliguen a su disposición adecuada; según el COA,
los GADS son las entidades que ejercen potestad sancionadora am-
biental en su circunscripción territorial (COA, 2018).
Los materiales oleaginosos (aceitosos) se obtienen como sub-
productos de la preparación de alimentos, como resultado de proce-
sos como cocción, sofreído o fritura. Estos materiales son principal-
mente mezclas de diferentes aceites vegetales provenientes de di-
versas fuentes, con diferentes niveles de utilización y contaminados
con grasas animales liberadas durante la cocción, así como restos
de los alimentos procesados. Además, suelen contener cantidades
variables de productos derivados de la descomposición, como áci-
dos grasos libres, polímeros, material carbonoso, entre otros. Prin-
cipalmente debido a una gestión inapropiada, la mayoría de estos
materiales oleaginosos se eliminan mediante el uso de sifones o se
agregan a los residuos sólidos (Vija, 2018).
Existen diferentes alternativas para la reutilización del aceite
vegetal como materia prima. Una opción es la recolección del Acei-
te Vegetal Usado (AVU) por parte de gestores calificados, lo cual
permite obtener productos novedosos como jabones y velas, cuya
calidad depende del tratamiento previo que se le al aceite usado.
Este tratamiento implica procesos como la separación y eliminación
de partículas de alimentos fritos, que varían en tamaño, composi-
ción
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y grado de deterioro. También se incluyen etapas como pre-
clasificación, filtración y purificación. El objetivo es aprovechar el
valor residual que contiene el aceite vegetal de desecho a través de
un proceso de reciclaje (Stouvenel et al., 2013).
2.6 |Evidencia empírica
Echavarría (2012), explora la estructura en Colombia para la
gestión de aceites vegetales usados, considerando los principios del
desarrollo sostenible, en donde se busca determinar si existe nor-
mativas o políticas públicas relacionadas con el tema, y se investiga
iniciativas o avances legislativos a nivel nacional. Los resultados re-
velan la existencia de regulaciones tanto a nivel nacional como in-
ternacional que enfatizan la importancia del desarrollo sostenible.
Sin embargo, se identifica la necesidad de aplicar estos principios a
nivel local para el manejo adecuado de los aceites vegetales usados.
Baptista (2013), buscó identificar las perspectivas y límites, contex-
tualizando la Política Nacional de Residuos Sólidos y la problema-
tización que involucra a las cooperativas de recolectores, para ello
hubo un enfoque primordial en los datos sobre la recogida selectiva
en la ciudad de Río de Janeiro. Finalmente, señaló que las políticas
públicas de recolección selectiva traen consigo instrumentos que no
perciben los actores involucrados, lo que implica su inconformidad.
Sáez y Urdaneta (2014), tuvo como fin describir la situación del
manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, así como
examinar las acciones y estrategias para su mejora. Para ello, se lle
a cabo una revisión documental de artículos científicos y se compa-
raron las realidades presentadas por diferentes autores en cuanto al
manejo de residuos sólidos. Durante esta revisión, se identificaron
similitudes en la forma en que se gestionan los residuos sólidos, re-
velando que el sistema aún se encuentra en una etapa incipiente y
no puede considerarse como integral y sostenible.
Por otra parte, Arrieta (2017) analiza las políticas integrales de
la gestión de residuos sólidos (GRS), abordando aspectos políticos,
legales, institucionales, técnicos, económicos, instrumentales, de or-
denamiento territorial, espacial, de sensibilización y educación, lle-
vando a cabo un estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio uti-
lizando fuentes académicas, revistas, libros, publicaciones y sitios
web. Mediante este enfoque, se ha alcanzado la conclusión de que
es esencial introducir estrategias gubernamentales que fomenten el
empleo responsable y prudente de los recursos, así como la preven-
ción, reducción, renovación, reciclaje y concientización de la pobla-
ción, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.
En Ecuador, Chiriboga (2018) estableció una propuesta “Co-
municacional - Publicitaria” con enfoque socioambiental. El objeti-
vo era crear conciencia dentro de la comunidad sobre la importancia
de recolectar y tratar adecuadamente los residuos de aceite vege-
tal utilizados en los ámbitos doméstico e industrial en la ciudad de
Quito, con la aspiración de que esta concienciación se extendiera a
nivel nacional. En Nicosia, Loizides et al. (2019) en su estudio puso
en evidencia un reverso social sistema logístico, denominado Inno-
vOleum, para la recogida y reciclaje de aceite de cocina usado do-
méstico mediante escuelas. El aspecto disruptivo y social de Inno-
vOleum se deriva de la provisión de fondos de la venta del aceite de
cocina usado recolectado para ser invertido dentro de las escuelas
participantes en educación ambiental e infraestructura y tecnología
verde. De este modo, ayuda a contribuir significativamente a la ba-
se de conocimientos y facilitar la transferencia de este esquema a
otros lugares.
Por otra parte, Sperandio et al. (2019) crearon una herramienta
orientada a satisfacer las necesidades de los diversos actores invo-
lucrados en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE). Esto abarca tanto a los hogares que buscan soluciones
sencillas y gratificantes, como a las empresas encargadas de la ges-
tión de residuos que buscan soluciones rentables que les permitan
rastrear los puntos de generación de residuos y garantizar la alta ca-
lidad en su manejo, los cuales están compuestos por tres elementos:
Un contenedor que previene la propagación de olores en la zona de
recolección, un tanque de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) que tiene cuatro ruedas para facilitar su movimiento y
un sensor de ultrasonido para medir el nivel del aceite almacenado.
Y un tanque de chatarra que evalúa la cantidad de líquido presente
en él.
Andrade y Moncada (2020), evaluaron cómo se manejan los
residuos de aceites comestibles generados por los establecimien-
tos de comida en la ciudad de Ibarra - Ecuador, con el propósito de
fomentar prácticas más sostenibles. Se llevó a cabo una encuesta
en tres tipos de establecimientos de comida: franquicias, locales de
Yahuarcocha y ventas de comida registradas en el Municipio. Se ob-
servó que el 42 % de los establecimientos de comida registrados en
el catastro de actividades económicas del Municipio simplemente
desecha el aceite en los contenedores de basura urbanos, mientras
que el 37 % lo entrega a un gestor y el 7 % lo reutiliza hasta que se
agota. Como recomendación, sugieren implementar un programa de
manejo sustentable que incluya la capacitación del personal de los
establecimientos y la gestión integral de los residuos.
Calderón et al. (2020) determina la efectividad de la adopción
de políticas públicas de reciclaje de residuos plásticos, mediante in-
dicadores de gestión, en la localidad de Chapinero Central de la ciu-
dad de Bogotá, utilizando análisis descriptivos con enfoque cualita-
tivo para medir la percepción de las personas sobre la aplicabilidad
de una política de reciclaje, mediante la aplicación de un cuestio-
nario con preguntas cuestionables, descubriendo que la ciudadanía
cree que falta el gobierno local en la publicación y aplicación de las
políticas públicas de reciclaje en el espacio público de la ciudad.
Finalmente, en la investigación de Garzón et al. (2021) se ana-
liza la generación de aceite vegetal usado (AVU), a través de un es-
tudio descriptivo- exploratorio, recolectando información en 30 ba-
rrios mediante la aplicación de encuestas. Los resultados de la in-
vestigación determinaron el desconocimiento sobre alternativas de
gestión del residuo, a la visita a la corporación municipal y la reco-
lección de información, no contaban con una estrategia sistemática
enfocada al manejo de este residuo peligroso. Con ello, concluyen
que hay cuestiones culturales, éticas y gubernamentales, y es res-
ponsabilidad de todos buscar soluciones viables.
3|ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1 |Datos
La provincia de Loja se encuentra ubicada en el austro del Ecua-
dor, junto a la frontera con Perú y forma parte de las 10 provincias
de la Región Sierra sobre el callejón interandino. Está compuesta
por 16 cantones, siendo el cantón Loja uno de los cantones más
grandes y poblados de la provincia de Loja, con 260.906 habitantes
aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona ur-
bana, 13 % en la periferia, y 19 % en las parroquias rurales. Ubicado
al extremo sur oriental del Ecuador, en una superficie plana bañada
por dos cantarines ríos que recorren la ciudad de sur a norte, rodea-
da de cerros y colinas (PDOT Loja, 2019). El cantón Loja, según su
división política administrativa, se compone de 13 parroquias rura-
les: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos,
Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vil-
cabamba y Yangana. Y con 6 parroquias urbanas: El Sagrario, Sucre,
El Valle, San Sebastián, Punzara y Carigán, las cuales son objeto de
estudio en esta investigación. A continuación, se presenta una re-
presentación gráfica más detallada.
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Figura 2. Área de estudio, parroquias urbanas del cantón Loja
3.2 |Tamaño de la muestra
La selección de la muestra se realizó utilizando el método de
muestreo por conglomerados, una técnica utilizada en donde la po-
blación se divide en grupos o conglomerados claramente identifica-
bles, en este caso por los barrios de cada parroquia. Este enfoque
permite una mayor eficiencia y facilita la obtención de datos repre-
sentativos de la población en su conjunto. La fórmula utilizada para
calcular el tamaño de la muestra es la siguiente:
n=Nσ2PQ
[e2(N1) ] + [σ2PQ](1)
Donde:
n: Tamaño de la muestra de los hogares
N: Tamaño de la población
Z: Nivel de confianza (95 % de confianza)
σ: Desviación estándar de la población
e: Error permisible (5% de error esperado)
P y Q: Probabilidad de éxito y fracaso
Los datos fueron obtenidos del Censo publicado por el INEC
(2022), el cual muestra que en promedio hay 4,4 personas por ho-
gar. Con esta información, al dividir el número total de habitantes
(260.906 personas), se obtiene un total de 59.297 hogares en la ciu-
dad de Loja. Estos datos son aplicados en la siguiente fórmula:
n=59297 1,9620,50,5
[0,052(59297 1) ] + [1,9620,50,5]= 382 (2)
n= 382 (3)
Por lo tanto, para conocer la percepción de la población con
respecto a la creación de una política pública sobre el reciclaje de
AVU, se requiere la participación de 382 hogares de las parroquias
urbanas del cantón. A continuación, en la tabla 2 se muestra de-
talladamente la distribución de las parroquias, para llevar acabo el
estudio de campo y tener una mejor distribución de los barrios y el
número de encuestas que se debe aplicar.
A continuación, en la Figura 7 se muestra minuciosamente la
zona de estudio, que corresponde a la división parroquial y barrial.
Esta representación detallada ofrece información precisa sobre la
estructura y delimitación de las distintas divisiones geográficas que
conforman el área urbana de la ciudad.
4|ASPECTOS METODOLÓGICOS
4.1 |Metodología
La metodología utilizada en la presente investigación es de ca-
rácter mixto, en la cual se combinó elementos cualitativos y cuanti-
tativos.
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Tabla 1. Distribución de los hogares de las parroquias urbanas de Loja
Parroquia Número Porcentaje Número Número Encuestas Barrios
Hogares Encuestas Barrios por barrio
El Valle 5758 9.71 37 10 4 Santiago Fernández, Las
Palmas, San Juan del Valle,
San Cayetano, La Estancia,
Chinguilanchi, Jipiro, La In-
maculada, La Paz y Amable
María.
Sucre 16790 28.32 108 19 6 Gran Colombia, San José,
Turunuma, Belén, Platea-
do, Bolonia, Eucaliptos,
Miraflores, Capulí Loma,
Chontacruz, Celi Román,
San Vicente, Pedestal,
Menfis, Tierras Coloradas,
Clodoveo, Borja, Albora-
da y Obrapía.
El Sagrario 6170 10.40 40 8 5 Central, Ramón Pinto, 24
de Mayo, Perpetuo Soco-
rro, Orillas el Zamora, 18
de Noviembre, Santo Do-
mingo y Juan de Salinas.
San 8458 14.26 54 7 8 Yaguarcuna, La Padrera,
Sebastián Capulí, El Rosal, Los Ge-
ráneos, Zamora Huayco,
Pucará.
Carigán 8221 13.86 53 6 9 Carigan, Zalapa, Motupe,
Sauces Norte, La Banda
y Las Pitas.
Punzara 13900 23.44 90 12 7 Santa Teresita, Daniel Ál-
varez, San Isidro, La Tebai-
da, San Pedro, La Argelia,
Ciudad Alegría, Héroes
del Cenepa, Colinas Loja-
nas, Isidro Ayora, Sol de
los Andes y Juan José
Castillo
59.297 100 382
Notas: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación (2022)
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Figura 3. División parroquial y barrial del área urbana del cantón Loja
Se utilizó un análisis descriptivo y exploratorio, esto debido a
que por un lado realizó una revisión bibliográfica, en la que se ana-
lizan las políticas públicas relacionadas con la gestión de residuos
líquidos, para establecer las tendencias existentes en cada una de
estas políticas, y luego poder extraer los principales aspectos técni-
cos, sociales, económicos y ambientales, que ayuden a contribuir en
el diseño de la política. Este tipo de metodologías según Viviro y San-
chez (2018) es fundamental para la construcción del conocimiento,
ya que ordena las ideas y las centra en los objetivos específicos (Vi-
vero y Sánchez, 2018).
Figura 4. Investigación documental a partir de diversas fuentes de información
Por otro lado, se complementó la investigación con en enfoque
exploratorio en donde, se realizó vistas in situ a las viviendas obje-
tivo de investigación, estas es la principal técnica que ayudará a la
extracción de información, mediante la recolección de datos (entre-
vistas y encuestas) donde la población objetivo será partícipe de las
mismas, con el fin de conocer la naturaleza actual de la problemática
y delimitar la situación.
5|RESULTADOS
5.1 |Información sociodemográfica
Según las cifras obtenidas, se destaca el grupo de 50 años
en adelante como el de mayor representatividad, alcanzando el
31.41 % del total de encuestados. En segundo lugar, se sitúa el gru-
po de 35 a 39 años, con el 16.23 %. Asimismo, resulta notable la
participación del grupo de 45 a 49 años, con un 12.30 %.
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La inclusión de estos grupos demográficos clave permite obte-
ner una percepción más completa y representativa de la comunidad.
Se evidencia que la actividad laboral más destacada es la de
cuenta propia, con el 27,75%, lo que indica que un porcentaje signi-
ficativo de las personas trabajan de manera independiente. Seguida
por los empleados privados, quienes representan el 26.18 %; mien-
tras que, en tercer lugar, se encuentran los servidores públicos, que
constituyen el 14.14 %, los cuales están vinculados a entidades gu-
bernamentales.
Muchos de los encuestados que se dedican a trabajos por
cuenta propia, expresaron estar involucrados en actividades comer-
ciales. Este dato adquiere relevancia al considerar que el comercio
es una de las principales actividades económicas en el cantón de
Loja, aportando aproximadamente con el 10 % al Valor Agregado
Bruto (VAB) en el año 2022. La correlación entre la alta participa-
ción de encuestados que trabajan por cuenta propia en actividades
comerciales y la importancia del comercio en la economía local su-
giere una estrecha conexión entre las preferencias ocupacionales
de los encuestados y el contexto económico.
El 17.80 % de los hogares reportaron un ingreso inferior a $450
dólares, este dato indica que la existencia de una parte de la pobla-
ción enfrenta dificultades económicas, mientras que el 24.87 % ge-
nera un ingreso mensual entre 450 y 800 dólares, un nivel de ingre-
sos moderado, aunque aún pueden estar experimentando limitacio-
nes económicas. Por otro lado, el 20.68 % generan mensualmente
entre 801 y 1200 dólares, mientras que el 15.71 % está en el rango
de 1201 a 1800 dólares, y el mismo porcentaje de encuestados con
un ingreso entre 1801 y 2500 dólares, solamente el 5,24 % de los
hogares reportaron un ingreso familiar mensual superior a 2500 dó-
lares, cifra que representa a aquellos con un nivel de ingresos más
elevado, lo que determina que una minoría de la población tiene
más recursos económicos.
Cabe recalcar que, la disparidad en los ingresos económicos es-
asociada con la ubicación de los diferentes sectores. Por ejemplo,
en los barrios más lejanos de la ciudad (ubicados en la periferia), pre-
sentan ingresos inferiores al salario básico, teniendo en cuenta que
el número de personas que conformaban el hogar es mayor. En este
sentido, Harvey (1985), determinaba que una de las implicaciones
de este fenómeno es la escasez de empleos y oportunidades labo-
rales en las zonas periféricas en comparación con el centro de la
ciudad. Esto respalda la noción de que aquellos que viven en áreas
más alejadas tienen un acceso limitado a oportunidades económi-
cas, lo cual produce ingresos económicos más bajos.
5.2 |Conocimiento y percepción
El 73.56 % de los hogares lojanos no ha recibido capacitación
en temas relacionados con la contaminación ambiental, mientras
que solo el 26.44 % indicó haber recibido alguna capacitación. Me-
diante ello, se puede demostrar que hay una falta de formación en la
población respecto a temas de contaminación ambiental, de modo
que, la ausencia de una educación ambiental limita la comprensión
de los impactos negativos que las acciones cotidianas pueden tener
en el ambiente.
Se detectó que en los niveles educativos más bajos como “Cen-
tro de alfabetización, el 100 % de estas personas no tienen conoci-
miento sobre el impacto ambiental del aceite usado. En los niveles
de instrucción intermedios, se ha detectado en primaria el 33.3 %
de los encuestados, en educación básica el 14.3 % y en secundaria
el 29,5 % respectivamente, tienen conocimiento sobre el tema. Y en
cuanto a los niveles de instrucción superiores, bachillerato, superior
no universitario, superior universitario y post - grado, se observa un
aumento significativo en los porcentajes que van del 45.9 % hasta
72.2 %.
Estos resultados evidencian que las personas que poseen un
nivel educativo más alto tienen un mayor acceso a información, lo
cual subraya la relevancia de fomentar la educación ambiental en
todos los niveles educativos. Aproximadamente la mitad de los en-
cuestados (54.71 %) considera que el aceite domiciliario usado no
es reciclable, mientras que un 45.29% indicaron que lo es. Revela
una división de opiniones en cuanto al conocimiento sobre el reci-
claje de este residuo, lo que resalta la necesidad de implementar
estrategias educativas para promover su reciclaje.
Casi en su totalidad (local 99.5 % y nacional 98,4 %) existe una
falta de conocimiento y/o aplicación de ordenanzas o normativas
por parte de los gobiernos locales y nacional en las ciudades del
Ecuador. Cabe recalcar que, gran parte del reducido porcentaje de
personas que contestaron de manera afirmativa, mencionaron que
han escuchado sobre una normativa en la ciudad de Cuenca, Ecua-
dor. Pues la falta de cumplimiento en el resto del país está relaciona-
da con una combinación de factores, como la falta de participación
ciudadana, la inadecuada estructura de incentivos y la debilidad de
las instituciones de gobernanza. Según Ostrom (2000) y su enfoque
sobre el control de los recursos comunes, es fundamental que las co-
munidades puedan cooperar y autogobernarse para gestionar estos
recursos de manera sostenible.
5.3 |Políticas públicas
El 66.8 % de encuestados está de acuerdo en que los hogares
son responsables de la disposición final de los desechos que gene-
ran. Asimismo, más del 50 % consideran que el gobierno local es el
principal responsable del destino de estos desechos. Por otra par-
te, existe una disposición favorable (68.1 %) en acatar las normas
establecidas por el gobierno local en el manejo de los residuos, así
como para asumir sanciones en caso de no clasificar correctamente
los desechos.
Además, una parte significativa de los encuestados (50.3 %) es-
dispuesta a pagar una tarifa extra por un nuevo sistema de clasi-
ficación de los residuos, lo que indica un nivel de compromiso en la
adopción de medidas para el control y gestión de la contaminación.
La mayoría de los hogares considera que todas las opciones son efi-
cientes o muy eficientes con una variación porcentual que va del
37.9 % al 57.5 %. Recalcando que, la opción con mayor porcentaje
en la categoría “muy eficiente es la educación ambiental en institu-
ciones educativas con el 46.8 %, seguida por las sanciones econó-
micas con el 48.8 %. Los ciudadanos consideran que el reciclaje de
aceite domiciliario tiene un impacto positivo principalmente en la
disminución de la contaminación de ríos (75.9 %), seguido de la dis-
minución de daños en tuberías (58.4 %). Sin embargo, la mayoría de
los encuestados no considera que el reciclaje de aceite domiciliario
tenga un impacto en la reducción de la inversión de tratamiento de
aguas residuales (57.3 %) y en la disminución de plagas (77.2
En este sentido, resulta preocupante el hecho de que la mayo-
ría de los encuestados no considera favorable el reciclaje de aceite
para la reducción de inversión en la planta de tratamiento de aguas
residuales, lo que indica que existe una comprensión limitada acerca
del impacto directo. Por lo tanto, es fundamental que se promueva
una comprensión más amplia y precisa de cómo el reciclaje de acei-
te domiciliario puede contribuir a la optimización de recursos y la
sostenibilidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, fo-
mentando así su apoyo y participación por parte de la comunidad
en general.
La mayoría de los hogares (el 88.74 %) considera que la imple-
mentación de una ordenanza municipal incentivaría la gestión ade-
cuada del aceite domiciliario usado, y solamente el 11,26 % consi-
dera que no sería efectivo. La mayoría de los encuestados (79.58 %)
cree que se adaptaría con facilidad a esta medida.
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No obstante, un reducido porcentaje de los hogares (20.58%)
expresó su escepticismo y/o dudas sobre la vialidad de una ordenan-
za municipal sobre el reciclaje del aceite domiciliario usado. Algunos
de los motivos mencionados incluyen la falta de cumplimiento de las
normas vigentes, la resistencia al cambio de hábitos y la necesidad
de campañas de concienciación efectivas.
5.4 |Prácticas ambientales
El método más común utilizado por los hogares para desechar
los residuos del aceite es depositarlo en el tacho de basura verde
o negro (35.44 %), seguido de desecharlo en el desagüe (33.52 %),
siendo una práctica altamente perjudicial, ya que el aceite no se di-
suelve en agua y puede obstruir las tuberías, ocasionar problemas
en la infraestructura de saneamiento, entre otros. Además, es preo-
cupante que un 16.76 % de las personas haya optado por enterrar o
verter el aceite, provocando consecuencias tanto para el ambiente
como para la calidad del agua subterránea. Resulta evidente que, a
pesar de la falta de conocimiento, algunos hogares consideran que
están contribuyendo positivamente, cuando en realidad están gene-
rando impactos perjudiciales.
La mayoría de los encuestados estarían dispuestos a realizar
acciones para controlar la contaminación de aceite. En promedio,
más del 50 % estarían dispuestos a tomar medidas para controlar la
contaminación del aceite. La acción que más apoyo tiene es "llevar
el aceite domiciliario usado a un contenedor especial", con el 70.4 %
de los encuestados mencionado que les gustaría mucho hacerlo, de-
mostrando una disposición significativa por parte de los hogares pa-
ra desechar adecuadamente el aceite usado. Así mismo, otra opción
que recibió un notable apoyo es disminuir el consumo de aceite do-
miciliario, con el 52.4 % de los encuestados diciendo que les gustaría
mucho hacerlo, reflejando un interés por adoptar un estilo de vida
más consciente y saludable.
5.5 |Disposición de pago
Parte de los hogares (62.57 %) estarían dispuestos a pagar por
el servicio de recolección de aceite domiciliario en la ciudad de Loja,
mientras que el 37,43 % de hogares no estaría dispuesto. Por otra
parte, es importante mencionar que entre los hogares que no es-
tán dispuestos a pagar por el servicio, se identificaron razones que
respaldan su postura. Algunos argumentaron que la responsabilidad
recae en la administración pública, considerando que debería ser
su competencia asegurar e implementar un sistema de recolección
adecuada del aceite usado, sin ningún tipo de cargo. Esta perspec-
tiva refleja la expectativa de que las autoridades se involucren acti-
vamente en la gestión de residuos, en este preámbulo, juntamente
con los gestores de residuos líquidos. Tomando en cuenta lo que se
establece en el Art. 54.- literal k del COOTAD, el cual señala que
los municipios son responsables de tomar medidas para proteger el
ambiente y garantizar la calidad de vida de sus habitantes, en con-
cordancia con las políticas y normativas ambientales.
En cuanto a la disposición a pagar por el servicio según los in-
gresos familiares, se determina que entre los hogares con ingresos
inferiores a $450, el 52.9 % no están dispuestos a pagar. No obstan-
te, a medida que los ingresos aumentan, se observa un incremento
en la disposición a pagar: en el rango de $801 a $1200, el 67.1 %
está dispuesto a hacerlo; en el rango de $1201 a $1800, el 75 % lo
está; en el rango de $1801 a $2500, el 68.3 % lo está; y en los hoga-
res con ingresos superiores a $2500, el 80 % está dispuesto a pagar
por el servicio.
Estos hallazgos determinan que a medida que las familias tie-
nen mayores recursos económicos, muestran una mayor disposición
a destinar parte de sus ingresos para el servicio de recolección de
aceite domiciliario. Por otro lado, entre los hogares que expresaron
su falta de disposición para pagar, se identificaron dos razones prin-
cipales. En primer lugar, mencionaron que sus ingresos no les permi-
ten afrontar este gasto adicional, a pesar de su preocupación por el
medio ambiente. En segundo lugar, algunos consideran que existen
otras prioridades en las que prefieren invertir sus recursos económi-
cos.
Figura 5. Disposición a pagar por un servicio de recolección de aceite usado
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6|CONCLUSIONES
Se ha evidenciado que a nivel nacional no existe una resolu-
ción o normativa específica para el reciclaje de aceite. Sin embargo,
a nivel local, se ha identificado la existencia de una ordenanza deno-
minada “Recolección, Almacenamiento y Disposición Final de Acei-
te y Grasas Usadas”, pero no aborda la gestión y manejo del aceite
vegetal usado por parte de los hogares. Se detectó que la población
está dispuesta a tomar medidas para contrarrestar el problema am-
biental relacionado con los residuos líquidos (aceite vegetal). En con-
secuencia, la falta de conocimiento generalizado sobre los impactos
negativos que puede tener su incorrecta disposición, así como los
beneficios del reciclaje de este tipo de residuos. Por lo tanto, llevar
a cabo campañas de sensibilización y educación para informar a la
comunidad sobre estos aspectos y fomentar su participación en la
gestión adecuada del aceite vegetal usado, se ha considerado con
una de las principales estrategias a implementar.
Existen variables condicionales que influyen en el proceso de
reciclaje, tales como la educación, la disposición de pago y la per-
cepción ante la implementación de una política pública ambiental,
entre otras. Estas variables han sido fundamentales en el desarrollo
de la propuesta, la cual se ha desarrollado en tres etapas. Es impor-
tante destacar que, en base a estos criterios, se ha seleccionado la
opción que presenta menores costos de implementación y una ma-
yor capacidad de inclusión, abarcando así a un mayor número de
hogares.
Para garantizar el éxito de una política pública, es esencial es-
tablecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de su
implementación. Estos permitirían identificar posibles mejoras, ajus-
tes o necesidades adicionales a medida que se avanza en la gestión
del AVU. Además, se deben establecer indicadores claros para me-
dir el progreso y los resultados obtenidos en términos de reducción
de residuos, participación comunitaria y promoción de la economía
circular.
Además, es necesario promover una mayor preocupación y
compromiso por parte del gobierno local y regional, reconociendo el
problema ambiental como una prioridad ambiental y tomando me-
didas concretas para su gestión. Esto implica la asignación de recur-
sos, la creación de programas de concienciación y educación, y la
promoción de alianzas con otros actores involucrados.
Por otra parte, establecer un indicador territorial de sostenibi-
lidad que combine la generación per cápita y el reciclaje del AVU,
permitiría promover y evaluar prácticas responsables en la gestión
de residuos, identificar áreas con altas tasas de generación de resi-
duos y desarrollar estrategias específicas para mejorar la gestión y
el manejo del aceite. Así mismo, facilitar el seguimiento de la efec-
tividad de las políticas y programas implementados para reducir la
generación de residuos y promover su reciclaje.
Finalmente, se sugiere al Ministerio del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica (MAATE) del Ecuador, que reglamente la disposi-
ción de aceites de cocina usados en el país. Esta regulación debe
establecer lineamientos claros y obligatorios para la gestión ade-
cuada del residuo, siguiendo las mejores prácticas internacionales
y tomando como referencia la experiencia de otros países que ya
han implementado medidas similares. Un ejemplo de ello es el país
vecino Colombia, que cuenta con la Resolución Nro. 0316 para la
gestión del aceite de cocina usado.
La presentes investigación busca evidenciar la necesidad de
contar con una política pública adecuada para la correcta gestión
del aceite usado en la ciudad y al mismo tiempo que sirva como una
recomendación de política pública para que las autoridades actúen
y solvente este constante problema que es la inadecuada gestión
del aceite.
La presente política pública tiene como objetivo abordar de
manera integral el problema del aceite domiciliario usado, promo-
viendo su correcta gestión y valorización a través de tres etapas
estratégicas. Conscientes de la importancia de proteger el medio
ambiente y fomentar prácticas sostenibles, se propone implementar
medidas en las áreas de educación ambiental, disposición adecuada
y reutilización de este residuo. Cabe destacar que esta política se
basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por las Naciones Unidas.
La primera etapa, se enfoca en la educación ambiental, buscan-
do generar conciencia en la ciudadanía sobre el impacto negativo
que el aceite usado tiene en el entorno natural y la importancia de
su adecuada disposición. La segunda se centra en establecer pun-
tos de recolección del aceite usado, con énfasis en las instituciones
educativas. Reconociendo el papel clave que desempeñan en la for-
mación de las futuras generaciones. Finalmente, la tercera etapa se
centrará en la economía circular, promoviendo la reutilización del
aceite de cocina. A través de alianzas estratégicas con empresas es-
pecializadas y emprendedores, se impulsará la transformación del
aceite usado en productos de valor agregado, como biodiesel, ja-
bones y velas. De esta manera, no solo se reducirá el impacto am-
biental, sino que también se generará empleo local y se fomentará
la diversificación económica. En la Figura A1 (Anexo1) se propone
un diagrama que resume la aplicación de una propuesta de política
pública ambiental en la ciudad de Loja.
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