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https://doi.org/10.54753/suracademia.v12i24.2302 • Páginas 62-70
Publicado por la Universidad Nacional de Loja,
bajo licencia Creative Commons 4.0
El Acceso a la Educación cómo Derecho Fundamental de las
personas con Discapacidad en Macas
Access to Education as a Fundamental Right for People with Disabilities in
Macas
Jorge Washington Barriga Palacios
Investigador particular
(jorge.barriga@unl.edu.ec)(https://orcid.org/0009-0007-6422-9364)
RESUMEN
El presente artículo aborda la implementación del derecho a la educación inclusiva para personas con
discapacidad en la ciudad de Macas. Aunque Ecuador cuenta con un marco legal robusto que garantiza este
derecho, su aplicación efectiva en territorio presenta desafíos importantes. La investigación analiza cómo
se desarrolla la política pública inclusiva en el nivel de educación básica, identicando avances, barreras
y necesidades persistentes. Mediante una metodología cualitativa basada en entrevistas, observación
directa y revisión documental, se constata una brecha entre la normativa y su implementación. Se
concluye con recomendaciones para fortalecer los mecanismos de inclusión educativa desde un enfoque
de derechos humanos.
Palabras clave: Educación inclusiva, discapacidad, derechos humanos, política pública.
ABSTRACT
This article addresses the implementation of the right to inclusive education for people with disabilities
in Macas, Ecuador. Although the country has a strong legal framework to ensure this right, its practical
application still faces signicant challenges. The study examines how inclusive public policies are
being implemented at the basic education level, identifying progress, persistent barriers, and areas for
improvement. Using a qualitative methodology including interviews, direct observation, and document
review, the study nds a gap between legislation and actual practice. The article concludes with
recommendations to strengthen inclusive education from a human rights perspective.
Keywords: Inclusive education, disability, human rights, public policy.
INTRODUCCIÓN
La educación es un derecho humano fundamental que actúa como llave para el ejercicio de otros derechos.
En el contexto de personas con discapacidad, el acceso a una educación inclusiva, de calidad y sin
discriminación, constituye una obligación legal y ética para el estado, además de estar determinado por
https://doi.org/10.54753/suracademia.v12i24.2302
Recibido: 16/03/2025 • Revisado: 16/04/2025 • Aceptado: 02/06/2025 • Publicado: 22/07/2025
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el modelo de las 4A de Tomasevski, las cuales se basan en la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y adaptabilidad.
De esta manera, es importante entonces destacar que la perspectiva actual sobre la inclusión y
especícamente en el ámbito educativo inclusivo, no se suscribe especícamente a la discapacidad, ya
que, se deende la construcción de un ámbito educativo igualitario, para todos los entes de una sociedad,
desestimando un modelo educativo segregador y excluyente. A partir de esta armación, se evidencia la
relevancia de observar, conocer y sobre todo promulgar el respeto a la educación y educandos.
Es así que, al hablar de un sistema educativo inclusivo, se habla de un sistema que prohíbe la
discriminación, promueve la valoración de la diferencia en detrimento de la homogeneidad, alberga la
pluralidad y garantiza la igualdad, beneciando de esta manera a todos los colectivos.
No obstante, muchas personas con capacidades diferentes a nivel mundial y en el Ecuador son limitadas
de este derecho, dado que, se enfrentan a diversas barreras tanto a nivel político como social, destacando
entre estas limitantes la poca o nula atención que reciben por parte de las políticas publicas y programas
educativos impulsados por el Estado, así como también, la carencia informativa, modalidades de estudio
segregadores, mala actitud por parte de los educadores y compañeros de clase; situaciones que persisten
hasta la actualidad.
A nivel mundial, la OMS estima que más del 15 % de la población vive con alguna discapacidad, y una
proporción considerable se encuentra en edad escolar (OMS & Banco Mundial, 2011). Sin embargo,
las tasas de acceso, permanencia y éxito escolar de esta población son signicativamente menores,
especialmente en contextos rurales y con menos recursos como Macas, en la región amazónica del
Ecuador.
Ecuador, como signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
de las Naciones Unidas, ha adoptado medidas legales y políticas para garantizar el derecho a la educación
inclusiva. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de Discapacidades
(LOD) de 2012 proporcionan un marco legal robusto para proteger y promover este derecho. Además,
el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 enfatiza la importancia de eliminar las barreras que impiden
el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad. Macas, capital de la provincia de
Morona Santiago, ubicada en la región amazónica de Ecuador, con una población extensa que incluye
comunidades indígenas y mestizos, se presenta como un escenario desaante a la hora de implementar
políticas educativas inclusivas.
El desarrollo del presente articulo persigue como objeto principal, el contribuir signicativamente al
discernimiento y comprensión de las nuevas dinámicas inclusivas en la educación, proporcionando una
base para la formulación de políticas y practicas ecaces y equitativas que permitan eliminar las brechas
educativas. La importancia de este estudio radica en su capacidad para arrojar luz sobre las realidades
concretas que enfrentan las personas con discapacidad en su búsqueda de una educación inclusiva y de
calidad. A través de la identicación de buenas prácticas, barreras persistentes y áreas de oportunidad,
este artículo busca inspirar y guiar los esfuerzos continuos hacia la inclusión educativa en Ecuador y
más allá.
METODOLOGÍA
El desarrollo de la presente investigación sobre el acceso a la educación como derecho fundamental de
las personas con discapacidad en Macas durante el bienio 2022-2023, tuvo un enfoque cualitativo, con
la nalidad de obtener una comprensión integral del contexto educativo en Macas. La investigación
se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con técnicas complementarias, iniciando con una revisión
sistemática de documentos normativos y técnicos, incluyendo leyes, planes gubernamentales, informes
ociales y literatura académica relacionada con la educación inclusiva en el contexto ecuatoriano. Se
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realizaron entrevistas semiestructuradas durante los meses de abril y mayo de 2025, dirigidas a actores
clave del sistema educativo: 3 directores de escuelas scales, 4 docentes, 2 padres de familia y 1 estudiante
con discapacidad. Asimismo, se aplicó observación directa en tres instituciones educativas urbanas de
la ciudad de Macas, enfocándose en aspectos como accesibilidad, infraestructura, disponibilidad de
materiales adaptados y prácticas pedagógicas inclusivas. De forma complementaria, se llevó a cabo
una encuesta exploratoria a 43 personas entre padres, docentes y personal administrativo mediante un
instrumento de 10 ítems diseñado para identicar percepciones sobre inclusión educativa. En todo el
proceso se respetaron los criterios éticos fundamentales, incluyendo el consentimiento informado, la
condencialidad de los datos y el resguardo de la identidad de los participantes. Dicho enfoque, permitió
entonces, una comprensión integral y detallada del contexto educativo y las experiencias de las personas
con discapacidad en la región.
DESARROLLO O RESULTADOS
La educación es un derecho consagrado tanto en los tratados internacionales como en las constituciones
e instrumentos jurídicos de muchos países. Es considerada como condición fundamental para el
ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, así como epítome de su
indivisibilidad e interdependencia (ONU, 1999).
Basando en el postulado antes expuesto es relevante entonces indicar que, el poseer cierto grado o tipo de
discapacidad no sinónimo de imposibilidad, puesto que, no obstaculiza la plena y efectiva participación
en la sociedad, si no, más bien quienes obstaculizan esa plena participación y contribución a la sociedad
son las actitudes y acciones de los individuos quienes las conforman. Por consiguiente, es trascendental el
estudio y análisis de las siguientes temáticas, las cuales permitan un mayor entendimiento y aprehensión
del tema.
Los resultados preliminares, basados en entrevistas a docentes, directivos y padre de familia, así como
en observaciones directas en las aulas, revelan una brecha signicativa entre las políticas establecidas
y su aplicación práctica. Es decir, la mayor parte de los docentes entrevistados reportaron una falta de
capacitación adecuada en estrategias pedagógicas inclusivas, mientras que de igual manera tanto el padre
de familia como otras personas fueron encuestadas y señalaron la necesidad de mayor accesibilidad
física en las instituciones educativas. Además, el análisis documental de los planes de estudio muestra
una escasa integración de contenidos relacionados con la diversidad y la inclusión. Se concluye que, si
bien existen iniciativas locales, como la implementación de proyectos en las escuelas, o a nivel cantonal,
es imperativo un compromiso más sólido por parte de las autoridades y la sociedad en general para
asegurar una educación inclusiva de calidad para todos los estudiantes con discapacidad en Macas.
Educación Inclusiva.
La educación inclusiva es una losofía y práctica educativa que busca eliminar las barreras que impiden
el acceso y la participación de todos los estudiantes en el sistema educativo. Este enfoque se basa en los
principios de igualdad, diversidad, y participación, y sostiene que todas las escuelas deben ser capaces de
atender a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o discapacidades. La educación
inclusiva promueve la enseñanza diferenciada, el aprendizaje colaborativo, y la participación activa de
todos los estudiantes en el proceso educativo.
Por ende, la exigibilidad al derecho a la educación conlleva a que todos los Estados adopten medidas
urgentes tanto a nivel legislativo y judicial, promoviendo políticas y programas públicos, acompañados
de disposiciones administrativas que aseguren su verdadero cumplimiento, permitiendo a todos lo
individuos un acceso libre, pleno y sin discriminación.
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Personas con discapacidad a nivel mundial.
Con los avances tecnológicos, la evolución de las sociedades y los cambios pragmáticos en las perspectivas
humanas, se ha logrado también cambiar la concepción del término discapacidad, logrando superar
no solo enfoques médicos o asistenciales, dotándolo de una conceptualización desde la perspectiva de
derechos humanos, de igual de oportunidades.
Sin embargo, pese a que los derechos de las personas con capacidades especiales están reconocidos en
diferentes ordenamientos jurídicos, no se garantiza un verdadero, pleno y efectivo cumplimiento de
los mismos, ya que, no se ha logrado erradicar todas las formas de discriminación existentes sen estás
directas o indirectas, por lo que, es requirente la eliminación de todas las brechas y barreras existentes
que impide el verdadero goce y disfrute de los derechos humanos.
Así también, es importante destacar que, con el paso de los años, los organismos internaciones han
pasado de reconocer a las personas con discapacidad como objetos de asistencia, a sujetos de derechos
humanos, el cual se ha dado gracias a la interpretación de instrumentos de carácter general.
Dichos instrumentos, si bien es cierto buscan proteger los derechos de este sector vulnerable de la
sociedad y su no discriminación, no obstante, dichas acciones no son sucientes si los Estados y entes
gubernamentales no dotan de insumos, recursos, materiales, formación y atención que requiere el caso,
lo que provoca una brecha signicativa entre la educación y las personas con capacidades diferentes.
Por lo cual, es loable que los derechos de las personas con discapacidad estén contemplados en
ordenamiento jurídicos internacionales y nacionales, más sin embrago, es necesario se garantice su
verdadero y efectivo cumplimiento, se emprenda las medidas necesarias para incentivar entornos
educativos inclusivos.
Situación que, en la actualidad, es reejada en la ciudad de Ecuador, Macas, donde se ve una grave y
relevante carencia de políticas y programas que incentiven entornos educativos inclusivos libres de
discriminación, con plantas docentes altamente capacitados, que cuenten con las actitudes y aptitudes
necesarias para el manejo de cada uno de los educandos y de sus necesidades especícas y especiales.
Derecho a la educación y la discapacidad.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), reere que, la
discapacidad hace referencia a una condición originada por “la interacción entre las personas con
deciencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006).
Basado en dicho postulado se entiende que la discapacidad forma parte de la diversidad de la naturaleza
humana, al mismo nivel, que la etnia, genero o cultura, más sin embrago, hasta la actualidad se ha
considerado a las capacidades especiales como algo negativo, anormal o peligroso, lo que nos reere a
una practica discriminatoria, la cual incentiva la segregación, la exclusión de los entes de una sociedad
y por ende el exterminio a una sociedad.
El incumplimiento al derecho a la educación se ve considerablemente afectado por la inclusión de
personas con discapacidad, lo cual, es probado a causa de la poca o nula atención que reciben este
grupo de la sociedad por parte del Estado, entes educativos, así como la falta de políticas públicas que
incentiven su inclusión, la carencia de programas educativos que no busquen la segregación y busquen
la eliminación de concepción erróneas sobre la discapacidad.
Dichas poblaciones entonces, enfrentan grandes y diversos riegos, dado que, los mismos atentan contra
el ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que, su condición también contribuye a otra arista como
la pobreza.
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Motivo por el cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce que, en pleno siglo XXI,
los individuos con capacidades especiales enfrentan diversas adversidades, que les impide una inclusión
verdadera, efectiva y plena, lo que les impide lograr el cumplimiento efectivo de sus derechos y lograr
una participación activa en la sociedad.
La (Organización de las Naciones Unidas, 2019), reere que, en los países con economías más inestables,
del 100 % de sus habitantes, el 50 % de su habitantes no tiene acceso a la salud, lo que produce mayor
índice de individuos con discapacidad, por lo que, existe un total abandono hacia la asexualidad de las
personas de este grupo, lo que conlleva a que en zonas rurales o con poco cuidado dichas personas sean
más propensas a ser abusadas sexualmente, expuestas a contraer enfermedades o tener embarazos no
deseados.
Dentro de este ámbito, también se destaca la falta de acceso a seguridad alimentaria, donde, son
mayormente afectados los niños, niñas y adolescentes, lo que reere un alto grado de despreocupación
gubernamental hacia estos sectores vulnerables.
Es así que, también se destaca la falta de empleabilidad de este sector, puesto que, aunque el Estado
tenga por consigna social la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, son pocas
las empresas que incluyan en sus nominas a estos individuos y si los mismos forman parte de entes
económicos, en muchos casos cuenta con salarios precarios y condiciones laborales no adecuadas, dado
que, no siempre cuenta con los ajustes y el apoyo requirente del caso.
Motivo por el cual, la educación se convierte en un pilar fundamental, ya que, de esta manera la educación
se convierte en un derecho habilitante que permite el ejercicio de otros derechos, contribuyendo así a la
construcción de un mundo más equitativo y justo, libre de discriminación, en donde se tenga por consiga
principal el respeto a la dignidad de todos los miembros de una sociedad, dotándolos de las mismas
oportunidades.
Sin embargo, dicho derecho, se ve cuartado por la falta de modelos de enseñanza inclusivos, que integren
varios componentes para el desarrollo equitativo e igualitario de todos los individuos, incentivando su
desarrollo personal y profesional.
Situación que se ha visto potencialmente evidenciada en el sistema educativo ecuatoriano el cual carece
de una verdadera integración educativa.
Educación inclusiva en las normas internacionales.
En la década de los 90, se consolidaron grandes avances en la normativa jurídica internacional y nacional,
constituyendo avances signicativos para consolidar la terminología “educación inclusiva”, iniciando
así la época de conformación y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su
derecho inalienable a la educación inclusiva.
El marco legal ponderante y pionero dato en diciembre de 1993 con la promulgación de la resolución de
Normar Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidad, la cual en su articulo 6 armaba el principio de la
igualdad
de oportunidades de educación en los niveles educativos primario, secundario y superior para los niños,
niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad, especicando así, que el mismo debe ocurrir en
entornos educativos integrados, que velen por la educación de las personas con discapacidad, la cual
debe constituir una parte integradora del sistema de enseñanza.
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De esta manera, para el año 1994, producto de la Conferencia Mundial sobre las necesidades educativas
especiales, se aprobó la Declaración de Salamanca, la cual fue promovida por el gobierno español y la
UNESCO. Dicha declaratoria armaba que las personas con necesidades educativas especiales deben
tener libre acceso a las escuelas ordinarias, las cuales, deberán ser integradas con una pedagogía centrada
en el desarrollo y desenvolvimiento del niño, siendo capaces de satisfacer las necesidades especiales
que requieren los mismos. Dentro de dicha normativa se logra explicitar a mayor detalle un importante
cambio de enfoque, el cual permite la constitución signicativa de la concepción de la educación
inclusiva, el cual, se supone que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de sus
estudiantes, y no al revés.
Siguiendo la línea de lo previamente expuesto, es relevante citar la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, mayormente
denominada la Declaración de Guatemala. Dicha declaratoria reconoce que todos los individuos tienen
igualdad de derechos en los diversos ámbitos como a la vida, bienestar, educación, trabajo, vivir
independientes y a una participación activa en los diversos ámbitos sociales. Lo que conlleva a indicar
que, el cometimiento de cualquier acto de discriminación contra un individuo con capacidades especiales
es una violación grave a los derechos fundamentales que este goza.
En base a lo previamente expuesto y analizado, cabe entonces destacar que, la exclusión y la
estigmatización, se constituyen como principales barreras que impiden la cúspide de la ejecución de
los derechos humanos de las personas con discapacidad, en este caso en especíco, el derecho a la
educación, provocando en las sociedades educativas altos porcentajes de deserción escolar con bajos
niveles de matriculación a los periodos académicos.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2006 y raticada por Ecuador en 2008, constituye un hito en la
protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. La CDPD establece un marco
legal y normativo que obliga a los Estados Parte a adoptar medidas para asegurar la plena realización de
los derechos de las personas con discapacidad. En particular, el artículo 24 de la CDPD se centra en el
derecho a la educación, especicando que los Estados deben asegurar un sistema educativo inclusivo a
todos los niveles y a lo largo de la vida.
Constitución de la República del Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador, adoptada en 2008, es uno de los documentos legales
más progresistas en términos de derechos humanos y sociales en América Latina. El artículo 47 de la
Constitución establece explícitamente los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el
derecho a una educación inclusiva y de calidad. La Constitución también obliga al Estado a adoptar
medidas para eliminar las barreras que impiden la plena participación de las personas con discapacidad
en todos los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Ley Orgánica de Discapacidades (LOD).
La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), promulgada en 2012, refuerza el marco legal para la inclusión
de las personas con discapacidad en Ecuador. La LOD establece un conjunto de derechos especícos
y obligaciones del Estado para garantizar la inclusión educativa, laboral, y social de las personas con
discapacidad.
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DISCUSIÓN
Desarrollo de políticas inclusivas.
La situación observada en Macas reeja el fenómeno descrito por Lipsky (1980), quien sostiene que “la
calle donde se ejecutan las políticas” suele revelar profundas contradicciones entre el diseño institucional
y su implementación concreta. En este caso, aunque la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) establece la obligación de desarrollar un sistema educativo inclusivo en todos
los niveles, la realidad local evidencia una ejecución fragmentaria, sin continuidad ni evaluación.
El ciclo de la política pública (formulación, implementación, evaluación y retroalimentación) no se aplica
de forma coherente en el contexto analizado. Las deciencias observadas en nanciamiento, formación
docente y provisión de recursos son señales claras de una voluntad política limitada o desarticulada. La
educación inclusiva no puede ni debe depender exclusivamente del compromiso individual del docente
o del director; se requiere de políticas públicas sostenidas, coordinadas, con asignación presupuestaria
concreta, mecanismos de control y un enfoque multisectorial que garantice el ejercicio pleno del derecho
a la educación sin discriminación. Es así que, se destaca también, la defensa por una educación inclusiva,
en la cual se desestima cualquier segregación o separación de personas con discapacidad, incentivando
en todos los miembros de las comunidades educativas el respeto y la equidad.
Sin embargo, se destaca también la falta de atención por parte del Estado en la promulgación de políticas,
así como, la dotación de recursos necesarios para la inclusión educativa.
La implementación de políticas inclusivas en Macas ha sido inconsistente. Aunque se han hecho esfuerzos
para adaptar infraestructuras y proporcionar recursos, estos esfuerzos no siempre han sido sostenidos
ni uniformes. Algunos colegios han logrado avances signicativos, adaptando sus instalaciones y
capacitando a su personal, mientras que otros aún carecen de los recursos y la formación necesaria. Las
diferencias en la implementación de políticas a menudo dependen de la disponibilidad de nanciamiento
y del compromiso de las autoridades locales.
Accesibilidad y adaptabilidad de los entornos educativos.
Con el n principal de obtener mayor información respecto a la adaptabilidad que poseen los centros
educativos, en cuanto a, infraestructura, disponibilidad de recursos didácticos y metodológicos
adaptados para los educandos con discapacidad en la ciudad de Macas, se entablo varias entrevistas con
los miembros de diferentes entornos educativos para consultar especícamente ¿los centros educativos
cuentan con la estructura necesaria para asegurar una verdadera inclusión?
Obteniendo como respuesta, que, en cuanto a infraestructura, los centros educativos no cuentan con las
adaptaciones necesarias para que los educandos y académicos cumplan ecazmente sus funciones ni se
impartan correctamente los conocimientos, mientras que, en el ámbito de disponibilidad de recursos y
materiales, indican que no existen avances signicativos, ya que, el Estado no ha creado ni incentiva la
creación de material didáctico para las estudiantes con capacidades especiales.
Formación docente.
Dentro de este ámbito es imprescindible entender y conocer sobre las actitudes y aptitudes de
los profesionales de la educación, puesto que los mismos son un pilar fundamental en la inclusión
educativa, logrando recabar, mediante entrevistas a los padres de familia, quienes señalaron una ausencia
signicativa de formación profesional en los docentes para manejar y atender las necesidades especiales
de los estudiantes con discapacidad, así como, su nula aptitud para crear ambientes inclusivos, ya que,
este no ha estado presente ni en la formación inicial, ni en la formación continua de las y los docentes.
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Mientras que, los docentes reeren que, la falta de recursos por parte del Estado tanto para la estructura
t la formación continua de los educadores, diculta signicativamente su desarrollo profesional como su
desempeño al momento de crear espacios educativos inclusivos.
Financiamiento y Recursos.
Un tema recurrente en las entrevistas fue la falta de nanciamiento adecuado para la implementación
de políticas inclusivas. Muchas escuelas en la ciudad de Macas dependen de recursos limitados, lo que
diculta la adaptación de infraestructuras y la adquisición de materiales educativos especializados. Los
directores de escuelas y los docentes señalaron la necesidad de un mayor apoyo nanciero del gobierno
central y local para cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución de la República del
Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD).
Revisión de la normativa legal vigente.
La revisión de la implementación de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de
Discapacidades (LOD) en Macas revela que, aunque estas normativas proporcionan un marco robusto
para la inclusión educativa, su ejecución en el terreno enfrenta varios desafíos. A nivel legislativo,
tanto la carta magna como la LOD establecen claras obligaciones para el Estado y las instituciones
educativas en cuanto a la eliminación de barreras y la provisión de apoyos necesarios para las personas
con discapacidad. Sin embargo, las entrevistas con actores clave indicaron una brecha signicativa entre
la legislación y la práctica.
CONCLUSIONES
• Pese a la existencia de normativa vigente que promulga una educación inclusiva y varios esfuerzos de
gobiernos locales, no se ha logrado vencer las barreras sociales y culturales, lo que ha desembocado
en limitantes para la plena inclusión educativa. Por lo que es necesario un mayor compromiso por
parte de las autoridades para asegurar un nanciamiento adecuado, una capacitación continua y
sistemática para los docentes, y una mayor sensibilización de la comunidad educativa.
• La existencia de un marco legal comprendido por la Constitución de la República del Ecuador
y la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), se muestran como una herramienta sólida para la
promoción y promulgación de la educación inclusiva. Dichos instrumentos legales obligan al Estado
a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a una educación de calidad en igualdad
de condiciones con los demás. Sin embargo, la implementación de estas normativas en Macas ha
sido desigual y enfrenta varios obstáculos.
• La falta de condiciones adecuadas de infraestructura en las escuelas visitadas representa un obstáculo
directo al principio de accesibilidad educativa. Se evidenció que la mayoría de los planteles no
cuentan con rampas, baños adaptados ni señalización. Ante ello, se propuso la ejecución de una
auditoría técnica de accesibilidad con el acompañamiento del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), seguida de un programa progresivo de adecuación de espacios físicos
que respete las normas técnicas vigentes y que sea priorizado en los presupuestos anuales.
• La ausencia de formación continua y especializada en inclusión educativa por parte del cuerpo docente
limita la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El personal entrevistado reconoció no haber
recibido capacitación formal sobre adecuaciones curriculares ni estrategias inclusivas. Frente a esta
situación, se propondrá establecer convenios entre el Ministerio de Educación, las universidades
públicas y las escuelas normales, para la creación de programas certicados y obligatorios de
formación docente con enfoque de derechos humanos y atención a la diversidad.
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• La carencia de recursos didácticos adaptados constituye una vulneración a los estándares de
aceptabilidad y adaptabilidad educativa. Ninguna de las escuelas visitadas dispone de textos en
braille, lengua de señas, pictogramas ni tecnología asistida. En consecuencia, se propuso implementar
un programa de dotación de recursos didácticos accesibles, nanciado a través de presupuestos
participativos o mediante alianzas estratégicas con empresas privadas, ONG y organismos
internacionales.
• Las familias de estudiantes con discapacidad enfrentan barreras sistemáticas para involucrarse
activamente en el proceso educativo de sus hijos. Esta exclusión repercute negativamente en el
rendimiento y bienestar estudiantil. Por ello, se plantea la institucionalización de espacios de
participación familiar en cada plantel educativo, como comités de padres, talleres informativos y
mecanismos de veeduría ciudadana, que fortalezcan la corresponsabilidad educativa y promuevan
una cultura de inclusión.
• Se evidencia la inexistencia de una articulación sostenida entre los distintos actores del sistema
educativo, lo cual diculta la evaluación y mejora continua de las políticas inclusivas. En tal sentido,
se propone la creación de una unidad técnica de seguimiento y evaluación de la inclusión educativa en
el Distrito 14D01, que cuente con representación de la sociedad civil, padres de familia y autoridades
educativas, y que tenga entre sus funciones emitir informes anuales, proponer correctivos y canalizar
recursos.
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