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ABSTRACT
Pocos estudios han examinado las relaciones entre la juventud marginada en las urbes y el sis-
tema de seguridad pública en el noreste de Brasil. Este artículo aborda esta brecha en la litera-
tura a través de un examen de las percepciones juveniles en una agenda de seguridad dirigida a
reducir la violencia. También analiza los efectos de este programa de seguridad al interrogar los
discursos hegemónicos de actores estatales en la región, a saber, agentes del sistema de justicia
penal. El análisis se basa en datos etnográcos recopilados entre 2012 y 2016 en Recife, ciudad
capital del estado de Pernambuco en el noreste de Brasil. Este enfoque permite un examen de
las nuevas intervenciones de seguridad y una comparación entre dos distintas narrativas sobre
esta nueva agenda de securitización. La primera narrativa se centra en las vulnerabilidades de
los jóvenes, la otra en los reclamos de securitización exitosa. Un análisis de estas narrativas am-
plía la comprensión de los efectos y riesgos de las intervenciones de seguridad, contribuyendo
al debate sobre su impacto en la vida de los jóvenes y la sociedad en general.
INTRODUCCIÓN
Ha surgido una literatura importante que identica el tema de la violencia juvenil en las comu-
nidades urbanas pobres de todo el mundo (Feltran, 2011; Hagedorn, Davis y Ebrary, 2008). En
Brasil, estas comunidades a menudo se denominan favelas (barrios marginales y asentamientos
informales) y periferias (áreas periféricas). Los extraños tienden a percibir estas comunidades
como lugares indeseables para vivir. Son barrios de clase trabajadora donde viven trabajadores
Roxana Pessoa Cavalcanti, 2020
Birkbeck University of London, British Society of Criminology,
European Group for the Study of Deviance and Social Control, King’s
College London, University of Brighton, University of Westminster.
Reino Unido.
Cavalcanti@brighton.ac.uk
https://orcid.org/0000-0003-3885-8603
1. I Congreso Internacional de Derecho Penal y Sistema de Rehabilitación. UTPL – Loja, Ecuador – 22, 23 y 24 de enero
2020 (https://research.brighton.ac.uk/en/activities/una-criminolog%C3%ADa-sure%C3%B1a-de-violencia-y-control-go-
bernando-la-inse)
Una criminología sureña sobre violencia y control:
gobernando la inseguridad en el Sur global
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A southern criminology of violence and control: governing
insecurity in the global south
1
Sur Academia | N° 15, Vol 8 - enero 2021| ISSN: 1390-9045 | e-ISSN: 2602-8190 |
Enero - Junio 2021 | https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/index
https://doi.org/10.54753/suracademia.v8i15.866
Recibido: 2020-12-21
Aceptado: 2021-01-06
Publicado: 2021-01-19
Recibido: 2020- 12- 21 | Revisado: 2021-01-03
Aceptado: 2021- 01- 06 | Publicado: 2021-01-19
Betancourt, V., Chuquirima, S., Olaya, R. y Cedillo, L. (2018). CONTRIBUCIÓN DE LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD: UNA REFERENCIA AL CASO ASOEMPROSA
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autónomos, empleados del sector servicios y trabajadores domésticos. Son comunidades en
las que los lazos familiares, el trabajo duro y la movilidad social son muy valorados. También
están repletos de asociaciones comunitarias, organizadores y líderes. Sin embargo, han llamado
la atención del público en general como lugares violentos, conocidos por sus altos índices de
asesinatos y por las representaciones cinematográcas arraigadas en la conciencia pública a
través de películas como Cidade de Deus (2002) y Tropa de Elite (2007). Las ciencias sociales
y la literatura etnográca que examinan el contexto problemático en el que la violencia se ha
convertido en una parte central de la vida pública, han tendido a ignorar las experiencias de los
jóvenes y las percepciones de seguridad y justicia en Brasil.
A veces, esta violencia se asocia con “pandillas” (Fernandes, 2013; Jones y Rodgers, 2009), o
con otras formas de crimen organizado, especialmente el tráco de drogas (Arias, 2006; Bour-
gois, 2003; Denyer Willis, 2015). En otras ocasiones, toma la forma de resistencia política o
comunitaria (Davies, 2006; Scheper-Hughes, 2004). Los jóvenes suelen ser los autores de la
violencia letal, pero con mayor frecuencia son víctimas de la policía y de los escuadrones de la
muerte (Arias, 2006; Huggins, 1997; Zaluar, 2010). Las causas y las fuentes de violencia e in-
seguridad son múltiples. Se relacionan con factores históricos, socioeconómicos y geográcos
complejos (Pereira, 2008). Se sabe menos sobre cómo los jóvenes se relacionan, responden y
perciben este contexto desaante.
Pinheiro (2006, p. Xviii) sugiere que nuestra incapacidad para escuchar a los jóvenes ha llevado
a una incapacidad para comprender y responder a sus necesidades. Este artículo examina las
narrativas de los jóvenes y los agentes de seguridad sobre un proceso de securitización regional.
El estudio se centra en Recife, la segunda ciudad más grande del noreste de Brasil, donde se
ha implementado un programa de seguridad pública conocido como “Pacto por la Vida” para
reducir las altas tasas de asesinatos desde 2007. Este artículo pregunta cómo los jóvenes que
viven en Recife responden a la naturaleza de las intervenciones estatales. ¿Qué efectos tienen
las nuevas formas de control formal en las comunidades en las que viven? En última instancia,
¿qué papel juega el Estado y sus políticas en la uctuación (continuación, expansión o reduc-
ción) de diversas formas de violencia en las comunidades socialmente más excluidas?
Estos problemas son importantes porque la securitización de los espacios urbanos puede pro-
ducir relaciones sociales desiguales a lo largo de líneas espaciales, étnicas y de clase (Becker
& Müller, 2013; Davis, 2013). La securitización se conceptualiza aquí como un proceso en el
que las preocupaciones sobre la seguridad, la ley y el orden, dominan los enfoques para resolver
los problemas sociales. Este proceso está asociado con la especulación política, la política de
ley y orden y con discursos punitivos hegemónicos. También está conectado a la exportación
global de “policía de tolerancia cero” (Young, 2011). La exportación de este enfoque para la
securitización de espacios urbanos es un ejemplo clásico de las formas en que las teorías crimi-
nológicas viajan desde el Norte global y se aplican sin crítica al Sur. Los intentos de limpiar las
calles de grupos y comunidades que se perciben como desordenados y socialmente indeseables
(por ejemplo, los pobres y marginados) son atractivos para las élites locales, las empresas y los
desarrolladores de bienes raíces que buscan ganancias, todos ellos actores muy inuyentes en
la ciudad de Recife.
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LA VIOLENCIA Y EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
Los teóricos estatales y los cientícos sociales han debatido en qué medida el contexto violento
de Brasil está relacionado con el tema de la ausencia estatal. O’Donnell (1993) argumentó que
las violaciones de los derechos humanos estaban relacionadas con la ausencia del imperio de
la ley y de instituciones estatales efectivas en las comunidades pobres. Su tesis encarna una fa-
lacia común de que las ciudades brasileñas están divididas entre áreas accesibles y prohibidas.
En el primero, el Estado se percibe como presente, mientras que en el segundo, supuestamente
territorio de delincuentes, está ausente. Un libro de Zuenir Ventura (1994), Cidade Partida (“La
ciudad dividida”), se centra en esta dualidad ideológica. Este énfasis en la “división” y en la
“dualidad” ignora las conexiones que existen entre las diferentes áreas de la ciudad. Se vuelve
tentador percibir a las favelas no solo como áreas pobres sino también disfuncionales, que no
han logrado integrarse con el resto de la ciudad; áreas en las que los tracantes impiden el pro-
greso y el desarrollo de la sociedad civil porque no tolerarán formas de organización social o
política que puedan desaar su poder. Este concepto erróneo común no reconoce las formas en
que el Estado está presente en diferentes territorios y las formas en que las áreas pobres están
conectadas al sistema político y al resto de la ciudad.
Elizabeth Leeds (1996) argumentó que, en lugar de estar ausente, el Estado está enredado en
relaciones violentas a través de relaciones patrón-cliente con los residentes de las favelas. En
una línea de argumento similar, Arias (2006) desplegó teorías de ‘redes sociales’ para argu-
mentar que la violencia en áreas urbanas pobres no fue causada por la ausencia del Estado,
sino por una red compleja que involucraba a una variedad de actores sociales: sociedad civil
(por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de residentes), la policía,
políticos corruptos y residentes de favelas. Esto sugiere la necesidad de mirar más allá de la
hipótesis del “abandono del Estado” (Wacquant, 2003) que a menudo se aplica a las comu-
nidades más pobres de la región. El Estado a menudo es parte de los problemas existentes
(Arias, 2006; Gledhill, 2013).
Además, en algunos aspectos, el estado brasileño, especícamente durante el gobierno del Par-
tido de los Trabajadores (2002–2014), no había “abandonado” a los pobres. El Partido de los
Trabajadores aumentó el gasto en educación, salud, transferencias monetarias condicionadas
(TMC) y aumentó el salario mínimo (Hall, 2008; Molyneaux, 2008). Aunque la mayor parte
del aumento del gasto público se dirigió a las TMC a menudo criticadas, en la década de 2000
Brasil experimentó una reducción de la informalidad laboral (Comin, Barbosa y Carvalhaes,
2012) y la pobreza (Barros, Carvalho, Franco y Mendonça, 2010 ; Neri, 2009). Este período de
crecimiento económico, empleo creciente y mejoras en las oportunidades de vida de los más
pobres de Brasil se detuvo cuando el país entró en recesión y la derecha política recuperó las
las más altas del gobierno (Cavalcanti, 2017).
En lugar de examinar el “abandono estatal” per se, este artículo sugiere que es importante exa-
minar la naturaleza de las intervenciones estatales. Esto exige un análisis de cómo se llevan a
cabo las intervenciones estatales y cómo son interpretadas, experimentadas, desaadas y nego-
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ciadas (Darke, 2013) por aquellos en el extremo receptor. También requiere una comprensión
del contexto complejo en el que el Estado existe y se relaciona con sus ciudadanos.
JUVENTUD EN EL CONTEXTO DE BRASIL
Desde la década de 1980, tanto la tasa de homicidios como el uso de armas de fuego en los
homicidios ha venido aumentando en la mayoría de los países latinoamericanos (Arias y Golds-
tein, 2010). Solo en 2014, aproximadamente 60,000 personas fueron asesinadas en Brasil (Cer-
queira et al., 2016). Brasil tiene la tasa mas alta de homicidios entre los 12 países más poblados
del mundo (Waiselsz, 2013). También hay una distribución desigual de muertes en el país,
con las regiones del Norte y Nordeste viendo incrementos mucho más altos en los niveles de
violencia letal en la década de 2000. En el Noreste, la tasa de homicidios por cada 100.000 ha-
bitantes pasó de 19,4 en 2000 a 33,5 en 2009 (Souza, Ribeiro y Valadares, 2012, p. 52). Si bien
el aspecto geográco es relevante para este fenómeno, también deben considerarse dimensiones
de género, etnia y clase. De acuerdo con una encuesta nacional a gran escala (Waiselsz, 2011,
p. 60), la probabilidad de muerte para un hombre joven que no es blanco y que tiene entre 15
y 25 años en 2008 fue 127.6% mayor que la de un hombre blanco en el mismo rango de edad.
La mayoría de las víctimas de homicidio son jóvenes negros pobres (Waiselsz, 2014). En
2010, la tasa de homicidios juveniles (15–29 años) con arma de fuego en Brasil alcanzó 42.5 /
100,000 de la población, en comparación con 9.1 / 100,000 en 1980 (Waiselsz, 2013,13): casi
un aumento de cinco veces en 30 años. Los niveles generales de violencia letal continúan en
aumento, haciendo de Brasil uno de los países menos seguros para los jóvenes. Sin embargo,
a nivel político y legal, se produjeron una serie de cambios prometedores y progresivos en el
país entre los años 1990 y 2000. Por ejemplo, el gasto en salud pública y educación aumentó,
un programa de benecios de ingresos familiares (conocido como Bolsa Familia) fue imple-
mentado con efectos positivos en los niveles de pobreza extrema y la desigualdad (Hall, 2008;
Molyneaux, 2008; Neri, 2009). En 1990, Brasil reemplazó una ley discriminatoria, represiva y
segregacionista denominada “Código de Menores” por la Ley de Niños y Adolescentes Adoles-
cente (ECA). El Código del Menores en funcionamiento desde 1927 hasta 1990 había discrimi-
nado entre las deniciones de “niño” y “menor” (Rizzini, 1997). Los niños fueron construidos
como personas inocentes merecedoras de la protección de los adultos, mientras que los meno-
res de edad infractores fueron considerados como jóvenes no merecedores de protección, que
provienen de familias pobres y moralmente decientes (Drybread, 2014, p. 757). Este código
permitió legalmente la posibilidad de institucionalizar la indeterminación del procesamiento de
los niños, independientemente de si habían violado o no la ley (Drybread, 2009). ECA redenió
la infancia al incluir a todos los niños y adolescentes como ciudadanos con derechos y prohibir
su procesamiento, a menos que cometan un atroz delito de violencia como violación, asesinato
o secuestro con una pena máxima de tres años (Drybread, 2014, p. 758). Los jóvenes menores
de 12 años se consideran niños incapaces de cometer delitos y los que tienen entre 12 y 18 años
se consideran adolescentes, que no pueden ser considerados penalmente responsables.
ECA se convirtió en una referencia para América Latina debido a su énfasis en los derechos hu-
manos y en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2015). Este cambio
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legal favoreció un nuevo discurso que construye a los jóvenes como portadores de derechos y
no como objetos de intervención (Moore, 2015, 273). Sin embargo, todavía no está claro cuánto
han cambiado las prácticas discriminatorias a partir de esta legislación. Las prácticas policia-
les siguen inspiradas por malas interpretaciones que retratan a los hombres jóvenes, pobres y
negros como criminales y a las mujeres jóvenes, pobres y negras como moralmente peligrosas.
Estas prácticas discriminatorias resuenan con desigualdades más amplias en Brasil, una socie-
dad que permite la discriminación racista y clasista al identicar el crimen con la pobreza.
A pesar de los avances legales y políticas que Brasil ha logrado en los últimos 25 años, la actual
recesión económica y el creciente desempleo (Amorim, 2016), junto con la destitución de la
presidente Rousse del partido de los trabajadores en 2016 y la sucesión de un gobierno con-
servador, plantea nuevas amenazas a los jóvenes de la nación. El gobierno interino, apoyado
por una asamblea parlamentaria conservadora, ha propuesto congelar el gasto público (Alessi,
2016), el apoyo a la reducción de la edad de responsabilidad penal y el aumento de sentencias
para delincuentes juveniles de 3 a 10 años (Douglas, 2015).
Este enfoque punitivo es alimentado por conceptos erróneos sobre el control del delito que
surge en sociedades donde el miedo al crimen y las altas tasas de criminalidad están muy ex-
tendidas (Garland, 2001). En el contexto brasileño, el aumento de las penas, como lo ilustra el
crecimiento extremo de la población carcelaria, se ha asociado con la intensicación de la gue-
rra contra las drogas, la inclusión del narcotráco en la lista de crímenes atroces en la década
de 1990 y la práctica de encarcelar a usuarios de drogas y tracantes a pequeña escala como
si fueran narcotracantes (Carvalho, 2013; Darke & Garces, 2017). Además, como señalan
Azevedo y Cifali (2015), se han propuesto y creado rápidamente leyes punitivas en respuesta
a las demandas del gran público, en un contexto de grandes disparidades en el uso de políticas
penales e instituciones de justicia penal en cada estado federativo. El estado de São Paulo y el
estado de Pernambuco por ejemplo, bajo el gobierno del partido PSDB, han experimentado
tendencias conservadoras en el campo de las políticas de seguridad pública, con un uso cada vez
mayor de la política penitenciaria y de orden público durante un período de políticas nacionales
redistributivas de izquierda. Se espera que estos cambios recientes generen costos sociales de-
vastadores. Personas jóvenes constituyente uno de los grupos más victimizados en Brasil, al ser
construidos como criminales que necesitan sanciones penales más severas. El resto de este artí-
culo examina un caso de intervención estatal dirigida a reducir la violencia y las formas en que
los jóvenes han respondido a un intento de securitizar el contexto problemático en el que viven.
METODOLOGÍA
Este artículo se basa en múltiples fuentes de datos cualitativos recopilados y analizados entre
2012 y 2016. Los datos etnográcos se recopilaron a través de observaciones, preguntas abier-
tas y entrevistas semiestructuradas (Emerson, Fretz y Shaw, 1995) con jóvenes de edad entre 16
y 29 años, en dos comunidades de bajos ingresos en la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil
(N = 120). Mi experiencia de vivir en Brasil durante más de 17 años y el conocimiento de las
normas culturales facilitaron el establecimiento del acceso a través de contactos locales. Los
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jóvenes participantes fueron reclutados a través de una escuela local y a través de los contactos
de una organización comunitaria juvenil. Utilicé el método de bola de nieve (Atkinson y Flint,
2001) para acceder a una muestra mas amplia, basada en los criterios de residencia en comuni-
dades de bajos ingresos. Dado la limitada disponibilidad de información sobre las percepciones
y experiencias de seguridad de los jóvenes en el noreste de Brasil, mi intención fue dar voz a
los jóvenes marginados para que sean escuchados y se discutan los temas que consideran im-
portantes.
Se llevaron a cabo cuatro grupos focales en las dos comunidades, en una organización comu-
nitaria y en una escuela, con el objetivo de explorar los problemas que los residentes y jóvenes
consideran importantes. Se realizaron entrevistas1 semiestructuradas con activistas de la co-
munidad, miembros de alto y bajo rango de la policía militar y civil, así como con miembros
del aparato de seguridad pública, por ejemplo, estadísticos, la corregedoria2 policial y for-
muladores de políticas públicas. Las entrevistas con estos grupos se rerieron a cambios que
ocurrieron con la implementación de la nueva intervención de seguridad y las evaluaciones de
los participantes sobre las fortalezas y debilidades de esta intervención. Un total de 185 partici-
pantes fueron escuchados. También realicé observaciones de reuniones gubernamentales en la
Secretaría de Planicación y Gestión (SEPLAG) en Recife. Mi enfoque temático fue adoptado
para analizar los temas emergentes más recurrentes (Butler-Kisber, 2010).
LA GÉNESIS DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS
En el contexto de altos niveles de homicidio, los gobiernos latinoamericanos han estado inte-
resados en adoptar soluciones rápidas y ecaces a los problemas delictivos, emulando la ex-
periencia estadounidense, que es percibido como la mejor práctica (Bailey y Dammert, 2006).
En 2007, un programa de reducción de la violencia conocido como “Pacto por la vida” (PPV),
se implementó en todo el estado de Pernambuco, donde se encuentra Recife. El programa se
basa principalmente en las ideas de la criminología gerencial convencional, como la teoría de
la elección racional y prevención situacional del crimen (Clarke, 1997; Clarke y Felson, 2004),
que intensican el control social formal (por ejemplo, el uso de vigilancia y vigilancia). Lo más
importante, emula el COMPSTAT programa de actuación policial utilizado en la década de
1990 en Nueva York (Macedo, 2012). Este enfoque se centra en la gestión de la información,
las estadísticas de delincuencia y los objetivos policiales y ha sido acreditado con el “Milagro
de Nueva York” (Young, 2011).
En 2007, el gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos, contrató a un sociólogo
de la universidad federal de Pernambuco, el profesor Ratton, para que trabajara como su asesor
público de seguridad. Entre marzo y abril de 2007, se llevaron a cabo un conjunto inicial de
consultas y eventos. Se organizaron como parte de un foro de seguridad pública donde el tema
1 Por razones éticas y para asegurar la condencialidad de los participantes, los nombres de los participantes y los detalles
de las comunidades relevantes se han anonimizado.
2 Ombudsman
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de la seguridad pública era debatido y un plan era elaborado. Se propusieron más de cien ideas
de proyectos (PESP-PE, 2007; Ratton, Galvão y Fernández, 2014) y se clasicaron en seis lí-
neas de acción. Estos incluyeron mejorar la capacidad de respuesta a las víctimas, prevención
social, más participación, trabajo, planicación mejorada, gestión de la información, evalua-
ción y capacitación de personal de seguridad pública.
Aunque la inversión en seguridad pública creció rápidamente, muchos de los proyectos no se
implementaron, como conrmaron las entrevistas con servidores públicos. Esta crítica corrobo-
ra los hallazgos de otros estudios (Macedo, 2012; Portella & Nascimento, 2014). La prevención
social del delito (por ejemplo, programas de rehabilitación de drogas) y la capacitación de la
policía también recibió muy poca atención. Mientras tanto, los proyectos implementados - cen-
trados en gestionar objetivos policiales y realizar más arrestos, tuvieron el efecto de expandir el
sistema de justicia penal, hacinando aún más las cárceles y exacerbando relaciones adversarias
entre policías y jóvenes.
EL DISCURSO HEGEMÓNICO DEL ÉXITO
Aunque existe una clara disparidad en la implementación de proyectos, con la línea dura de
control represivo que tiene prioridad sobre los enfoques sociales, PPV fue reconocido como
un éxito. El programa fue acreditado con reducciones en los niveles de homicidio (Ratton
et al., 2014) en el estado de Pernambuco, donde “entre 2000 y 2005 la tasa promedio de
homicidios fue de 54.13, mientras que entre 2006 y 2011 este promedio cayó a 46.67” (Ra-
tton et al., 2014, p. 1). PPV recibió premios internacionales del Banco Interamericano de
Desarrollo en 2014 y de las Naciones Unidas en 2013 (ver GEPE, Gobierno del Estado de
Pernambuco, 2013; Ribeiro, 2014). También ha sido promovido como modelo para el gobier-
no federal de Brasil. secretaría de seguridad pública (SENASP) y otros estados brasileños
(Macedo, 2012). La intervención fue uno de los principales puntos de comercialización de la
campaña política del gobernador del estado de Pernambuco Eduardo Campos (2007–2014).
Reducciones altamente publicitadas en los delitos violentos asociados con el PPV facilitaron
la reelección de Campos para un segundo mandato en ocina y lanzó su carrera política a
nivel nacional (Wol, 2014). En la narrativa de los miembros de la policía y los agentes de
seguridad pública entrevistados, dos son los principales factores que constituyeron la causa
de la reducción exitosa de los homicidios. Esos fueron: (1) el cambio a un modelo de mayor
gestión de objetivos; y (2) el aumento de la inversión en recursos policiales. Esto se ilustra en
el siguiente extracto de la entrevista3 con un miembro superior de la gerencia de la secretaría
de seguridad pública:
Para lograr reducciones en el homicidio, tener la voluntad política es un comienzo. Pero
un punto importante es el modelo de gestión por resultados. También hay inversión. Au-
mentamos el presupuesto de seguridad pública de R $ 20 millones (reales brasileños) por
año a alrededor de R $ 80 millones por año. Estos 80 millones fueron principalmente para
inversión estructural, como invertir en estaciones de policía, automóviles apropiados para
3. Entrevista en unidad de polícia, Agosto 2013.
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la policía, uniformes apropiados, pistolas, chalecos antibalas. También hemos reclutado
10.000 nuevos profesionales en los últimos 10 años.
La aparente solución al crimen tenía connotaciones bastante americanizadas: aumento de la
vigilancia y control formal. Algunos expertos admitieron haber viajado a los Estados Unidos
y observado los modelos de vigilancia que (en su opinión) funcionaban, incluido Tolerancia
Cero, como se muestra en una entrevista4 con el jefe de la policía civil de Pernambuco:
Durante los años transcurridos desde que comenzó el Pacto por la Vida, la población car-
celaria se ha más que duplicado; de alrededor de 15,000 a 30,000 reclusos ahora. Entre las
políticas criminológicas exitosas en todo el mundo, tuve la oportunidad de visitar Nueva
York y conocer su policía de Tolerancia Cero, donde tenían una tasa de encarcelamiento
muy alta. Aquí no ha sido diferente. […] Yo sabía que funcionaría. En seis meses pasa-
mos de 50 a 400 capturas por mes. La secretaria decidió que este era el secreto del éxito.
El secreto del éxito es el encarcelamiento. Este es nuestro objetivo. No conozco ninguna
otra política en el mundo que pueda revertir la situación de violencia sin encarcelamiento.
El enfoque punitivo del control del delito ha sido ampliamente discutido en criminología en los
últimos años (Feeley y Simon, 1992; Garland, 2001; Wacquant, 2003). No es el objetivo de esta
discusión explorar este fenómeno directamente. Lo que aborda este artículo son algunos de las
formas en las que este fenómeno se ha manifestado en los discursos brasileños sobre seguridad
y algunos de sus efectos sociales. El caso de la ampliación de la vigilancia y el encarcelamiento
de PPV, como lo ilustran las narrativas policiales anteriores, ha exacerbado muchos problemas
existentes en Brasil. Por ejemplo, la población carcelaria en Pernambuco, así como en el resto
de Brasil, ha aumentado continuamente desde la década de 1990 (Carvalho, 2013), incluso an-
tes de la implementación de PPV. Está claro que este proceso se ha acelerado durante los años
PPV.
Sin embargo, hubo una reducción general en el número de homicidios en el estado de Pernam-
buco y en Recife entre 2008 y 2013 (Ratton et al., 2014), pero con más uctuaciones recientes
hacia arriba (Oliveira, 2015). Es difícil, y tal vez imposible, evaluar si esto es un impacto direc-
to de Pacto por la Vida o si puede haber otros factores inuyentes Es importante tener en cuenta
que, aunque las intervenciones represivas de seguridad han sido comercializadas y presentados
como un éxito, han tenido resultados perversos. El siguiente análisis de las percepciones de los
jóvenes ilustra algunos de estos efectos.
El mito de una “democracia racial”, que es la idea de que el mestizaje brasileño condujo a
relaciones sociales no racistas, ha sido en general desacreditado, refutado y cuestionado por
múltiples estudios que revelan las profundas desigualdades raciales de Brasil (Skidmore, 2010,
199–200). La evidencia que surge de las entrevistas con miembros de la policía y con residentes
en comunidades de bajos ingresos indica que tanto la clase social como la “raza” fueron factores
movilizadores en interacciones policía - comunidad. Este no es un hallazgo sorprendente: está
4. Entrevista en unidad de polícia, Agosto 2013.
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bien respaldado por la literatura brasileña e internacional (Barros, 2008; Bowling & Phillips,
2007; Wacquant, 2008; Zaluar, 2004); sin embargo, es bastante duradero y sombrío. Lo que es
distintivo en la evidencia presentada aquí es el grado de discriminación, desdén y divisiones
de clases étnicas y sociales en la forma en que las relaciones entre la comunidad y la policía
tomaron forma en Recife, a pesar de los esfuerzos para implementar nuevas intervenciones de
seguridad. La nueva agenda de seguridad instituyó nuevos modos de gobernanza policial, con
la creación y el monitoreo regular de objetivos. Sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo sig-
nicativo para reformar la policía o cambiar las prácticas policiales. La distribución desigual
de la policía y las tácticas policiales desproporcionadas, como el perl racial de la policía, la
confrontación verbal y física con los residentes de las comunidades pobres, generaron resenti-
miento y hostilidad hacia los métodos de la policía. Como consecuencia, se daña la conanza en
las instituciones públicas, y los residentes se niegan a proporcionar información a la policía. El
enfoque de aumentar los recursos policiales y la gestión los objetivos de desempeño no logran
que la policía actúe de manera justa o que proteja a los ciudadanos más marginados.
NEGOCIANDO LA VIDA Y LA CRIMINALIZACIÓN EN UNA CIUDAD VIOLENTA.
Los jóvenes residentes experimentaron un toque de queda informal y muchos se abstuvieron de
usar el espacio público, debido al miedo al crimen y al miedo a ser percibido como un criminal.
Ellos armaron que usar el espacio público después de las 9 p. m. y ser negro, implicaba crimi-
nalidad para aquellos vigilando la guerra contra las drogas, un problema que se muestra en las
narrativas de las interacciones entre los jóvenes y la policía:
Mi hermano regresaba de un concierto por la noche cuando uno de sus compañeros le
robó su cadena de plata. Entonces decidió llamar a la policía. Cuando llegó la policía,
en lugar de tratarlo como una víctima, ellos le acusaron de robo y de portar un arma de
fuego. No tenía arma de fuego. Le dispararon, pero él sobrevivió [...] Mi otro hermano
estuvo involucrado en el tráco de drogas y fue asesinado a tiros por la policía el año
pasado. Mi madre quedó devastada. (João5, 17 años)
Estas narraciones revelan mucho sobre la lucha de personas criminalizadas y marginadas en un
estado cada vez más penal. Como han argumentado varios académicos, Brasil ha estado expe-
rimentando un cambio hacia un discurso de gestión de crimen y seguridad en el que transgredir
las fronteras sociales se ve cada vez más como una amenaza (Feltran, 2011; Moore, 2015, pp.
267-268). El uso del espacio público, el acceso a actividades de ocio y bienes de consumo por
parte de los afrodescendientes se vigila y se percibe como una amenaza para las personas de
mayor edad. Las relaciones de poder han fortalecido el lugar de privilegio y dominio de las éli-
tes blancas, las que son percibidas y tratadas como dignas de respeto y derechos de ciudadanía.
Para los jóvenes marginados, cruzar esos límites se ha vuelto cada vez más peligroso, aumen-
tando su exposición a la violencia letal o a ser criminalizado y eventualmente pasar tiempo en
centros carcelarios de rápido crecimiento.
5. Entrevista en una escuela en Vitoria, Julio 2013.
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Cavalcanti, R. Una criminología sureña sobre violencia y control: gobernando la inseguridad en el Sur global. (2021). 8 (15). 9 - 24
Los hombres jóvenes en las comunidades expresaron una bravuconería masculina, alegando
que a pesar de los riesgos y peligros de estar fuera por la noche, todavía usaban el espacio pú-
blico por la noche. Una de sus estrategias de supervivencia era caminar en grupos. Para mujeres
jóvenes por otro lado, la violencia y la violación son riegos múltiples. Los casos de violación en
la comunidad eran una amenaza suciente para inhibir el uso del espacio público. Por la noche
las mujeres jóvenes expresaron sentirse encarceladas dentro y fuera de sus hogares. Además
de los riesgos fuera del hogar, la violencia doméstica también abundaba como se ilustra en los
siguientes comentarios de una joven entrevistada:
No paso mucho tiempo en la calle, así que no sé mucho sobre el vecindario. Sabemos que
tenemos problemas de saneamiento [y] deslizamientos de tierra en la comunidad durante
la temporada de lluvias que hacen que las personas puedan perder sus hogares. Hay mu-
cho tráco de drogas y consumo, especialmente crack y cocaína [...] De vez en cuando
escuchas que una persona joven que fue asesinada [...] Como un amigo de mi primo, fue
asesinado por deudas de drogas, eso es bastante común. También hay casos de hombres
que matan a sus mujeres. Recientemente un hombre disparó, mató y cortó el cuerpo de su
mujer a causa de los celos (Clarisse6, 16 años, Julio 2013).
El énfasis de PPV en la reducción de homicidios y el aumento de los niveles de encarcelamiento
ha dejado de lado otros crímenes importantes en comunidades pobres, incluyendo violación,
violencia no letal, violencia contra las mujeres, la extorsión y los crímenes cometidos por ac-
tores estatales, como los abusos policiales y abusos de los derechos humanos en las cárceles y
en las instituciones para jóvenes delincuentes. Los problemas que enfrentan las mujeres y de
los jóvenes en lugares marginales en general, han sido ignorados por la policía. PPV denió y
aplicó en exceso la idea de seguridad como la reducción de los homicidios. Esto tiene prioridad
sobre la protección general de los derechos humanos. Las exigencias de respeto y equidad res-
pecto de las personas en comunidades de bajos ingresos, no han ido de la mano con una actua-
ción policial legítima o una reforma policial democrática. La mayoría de los residentes en las
comunidades de bajos ingresos estudiados no notaron ningún resultado positivo como efecto de
las intervenciones de seguridad pública a nivel del territorio. En suma, la protección del estado
de derecho no ha sido el énfasis de programas como PPV. Cambiar el enfoque y los métodos
de los programas de seguridad es fundamental para promover una democracia más justa y una
mejor vigilancia policial. Esto debe comenzar desde el entrenamiento de la policía y tiene que
incluir campañas educativas para aumentar el apoyo público al estado de derecho y el rechazo a
vivir con delincuentes organizados en un estado punitivo. La evidencia de las comunidades de
estudio de caso reveló que simplemente encarcelar a miembros de los grupos delictivos orga-
nizados, según los residentes, no desmantela a los grupos de exterminio a cargo de la venta de
seguridad en estas comunidades. Los participantes explicaron que existen grupos de seguridad
y exterminio formados por ex policías que extorsionan a los residentes pidiéndoles dinero a
cambio de sus servicios. Los residentes fueron obligados a pagar honorarios y armaron que
serían víctimas potenciales de los estafadores de seguridad si no lo hicieran. Los grupos de ex-
terminio fueron responsables de la justicia informal en la comunidad, matando a delincuentes
6. Entrevista en una escuela en Vitoria, Julio 2013.
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menores, personas que debían dinero e incluso tracantes de drogas y usuarios. Según algunos
residentes el encarcelamiento de miembros de estos grupos informales no ha resuelto los pro-
blemas en la comunidad:
Algunas personas perdían el tiempo cuando Marcos estaba fuera porque la comunidad no
tenía problemas con las drogas. El problema de las drogas comenzó aquí en los últimos
7 o 10 años. Pero tú sabes que el no fue arrestado por culpa de la comunidad. Nadie aquí
hubiera hablado de él (lo denunció a la policía). Pero sus amigos también son expolicías
y todos están siendo investigados por ser parte de un grupo de exterminio. [...] Ahora
todo está aquí abajo, hay crack de cocaína en todas partes. Cuando Marcos estaba fuera,
el problema en la comunidad era solo homicidios entre grupos de seguridad rivales. La
gente murió a causa de la competencia entre grupos de exterminio. Un grupo comenzó a
aterrorizar a la comunidad para dañar la reputación del otro grupo, porque querían hacer-
se cargo del negocio de seguridad, causando todo tipo de peleas. (Luther7, 29 años)
A pesar del aumento del gasto en vigilancia policial con la implementación de PPV, el mono-
polio de la violencia en estas comunidades continúa fragmentado y los marginados continúan
siendo tratados como víctimas tanto de la policía violenta como ilegales grupos de seguridad
que a menudo están formados por ex policías. Desde adentro en la prisión, los miembros de
estos grupos continuaron manejando y obteniendo ganancias de forma parasitaria; negocios
que extorsionan a los residentes, al vender por la fuerza formas alternativas de seguridad. Los
jóvenes percibieron el programa de seguridad PPV como un discurso político más.
Una intervención que propuso reducir la violencia no les permitió sentirse más seguros. Se sen-
tían cada vez más discriminados por la policía sobre la base de su estatus social. Cuando se les
preguntó qué debería hacer el estado para reducir violencia, las demandas locales clave fueron
intervenciones sociales y preventivas como la inversión en (1) capacitación vocacional para los
jóvenes, (2) educación de mejor calidad, (3) acceso a espacios de ocio y actividades culturales,
(4) mejores oportunidades de trabajo, (5) la desmilitarización y capacitación mejorada para que
la policía desarrolle el diálogo y el respeto de los derechos humanos en sus interacciones con
el público. Los residentes vieron esto como esencial para promover una sociedad más segura.
En cambio, Pacto por la Vida se enfoca en demostrar más vigilancia y más encarcelamiento de
delincuentes por medio de objetivos de medición y monitoreo.
CONCLUSIÓN
La violencia policial y las diversas formas de violencia de rutina han develado serios problemas
en América Latina, predominantemente en las comunidades más afectadas por las desigualda-
des sociales. Mi estudio ha examinado los efectos de un programa gerencial de reducción de ho-
micidios en una ciudad brasileña. Los datos sugieren que la emulación de la corriente principal
criminológica, las teorías sobre el control del delito del Norte Global, basadas en la idea de ges-
7. Entrevista durante un paseo en Tourinho, Octubre 2013.
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Cavalcanti, R. Una criminología sureña sobre violencia y control: gobernando la inseguridad en el Sur global. (2021). 8 (15). 9 - 24
tionar las estadísticas del delito y el desempeño policial, sin una reforma policial, sin políticas
integrales y adecuadas de reducción de desigualdades sociales, han producido perversidades a
gran escala en el contexto de los países del Sur Global.
Teorías producidas en el norte y aplicadas en el sur, no han tenido en cuenta: el contexto del Sur
Global, la literatura que emerge del Sur, diversos daños complejos y las experiencias y victimi-
zación de los habitantes urbanos marginados, las mujeres y los jóvenes. Métodos de control del
crimen no pueden tener éxito si no se entienden dentro del contexto histórico y socioeconómico
de las comunidades afectadas y de las instituciones que supuestamente están generando cam-
bios, en este caso, la policía y el sistema de justicia penal.
Hubo una clara disonancia entre lo que funcionarios de alto rango, policías y académicos in-
volucrados en nuevas intervenciones de seguridad armaron como un “éxito” (Ratton et al.,
2014), y lo que experimentaron las personas en comunidades marginadas. Los pobres en las co-
munidades estudiadas se sintieron cada vez más atrapados, aislados y criminalizados, mientras
la vigilancia aumenta. La policía ahora tiene objetivos, y se midió su trabajo y desempeño sobre
la base del volumen de drogas y armas de fuego que detuvieron, y el número de las investiga-
ciones que concluyeron y fueron enviadas a juicio.
Las tasas de encarcelamiento crecieron, pero los males de larga data en la policía, incluyendo
racismo, clasismo, prácticas violentas y cultura militarizada, no fueron abordados ni atacados.
Tanto el modelo y la intensidad del uso de la policía y el uso creciente de la prisión tuvieron
efectos perversos para las comunidades estudiadas, algunas de las cuales pueden ser capturadas
por la incapacidad de estos métodos para mantener el orden o contener el crimen, un tema ilus-
trado por la relación entre el encarcelamiento y la inseguridad en las comunidades marginadas.
Este fracaso también es evidente si consideramos las tasas de homicidio y los niveles de violen-
cia solo disminuyó hasta 2013.
El Estado quizá simplemente ha contribuido a una uctuación en los niveles de violencia, pero
en última instancia, la adopción de securitización por parte del Estado ha demostrado ser insos-
tenible. El contexto en el que los delincuentes organizados operan e interactúan con comunida-
des externas sobre, debajo y a través de los muros de la prisión, personica los fracasos de mé-
todos de control del delito del Norte global. Los programas de seguridad no han logrado inhibir
diversas formas de crimen violento y organizado. Además, la agenda de securitización promete
exacerbar desigualdades existentes que afectan a las poblaciones más marginadas al incorporar-
las al sistema de justicia penal como sospechosas y perpetradoras, y no como víctimas.
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N° 15, Vol 8 - enero 2021
ISSN: 1390-9045
e-ISSN: 2602-8190
